Armando Flores: “El movimiento consumerista necesita una revolución más que una evolución en nuestra región”

Armando Flores es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador y Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Ha sido ministro de Economía de El Salvador, cofundador y director del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) de El Salvador y presidente de la Defensoría del Consumidor (Agencia Gubernamental de El Salvador). Actualmente es asesor tanto de la Fundación FACUA como de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable (FCCR), con sede en Chile.

En esta entrevista, Armando Flores nos habla sobre las potencialidades y dificultades del movimiento consumerista en América Latina y El Caribe, y hacía adonde avanza. Además, hace un repaso a su dilatada trayectoria profesional y los logros alcanzados en defensa de los consumidores desde los diferentes cargos que ha desempeñado.

1- Tiene una dilatada experiencia en la lucha y defensa de los derechos de los consumidores ¿Cuáles son las particularidades del movimiento consumerista en América Latina y El Caribe?

Mi mirada es de una persona que pronto hará 15 años que se apartó de la responsabilidad de dirigir una asociación de consumidores, aunque en este tiempo siempre me he mantenido muy activo en el tema.

Con esa aclaración, y salvo algunas excepciones que se cuentan con los dedos de una mano, en la actualidad veo en términos generales un tejido social más débil o que continúa siendo débil como hace años.

En muchos casos están los mismos liderazgos desde hace una, dos y hasta tres décadas. Pero es positivo que, a pesar de lo anterior, en muchos países se mantienen esfuerzos valiosos, una especie de lucecitas encendidas en favor de los derechos del consumidor.

 2- ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran en el día a día las asociaciones de consumidores de El Salvador en particular y de Latinoamérica en general?

No quiero referirme a un país en específico. Con la salvedad de algunas asociaciones, creo que en la mayor parte de los casos existe dificultad de recursos, que pueden ser financieros, materiales y técnicos.

Esto es el resultado de ciertos factores como la inexistencia, disminución o retiro de la cooperación internacional, escasa o nula alianza con la academia y colegios profesionales, limitada o nula autogestión de recursos, etcétera.

También creo que a la mayor parte de asociaciones se les está dificultando dar el salto que demandan los nuevos tiempos. Por ejemplo, en forma coloquial se puede decir que no logran salir de la “estrategia analógica para potenciar la digital”

3- ¿Cuál debería ser la evolución del movimiento consumerista en Latinoamérica? ¿Hacia adónde avanza?

Desde mi perspectiva, el movimiento consumerista necesita una “revolución” más que “una evolución en nuestra región, en su acepción de “cambio rápido y profundo en cualquier cosa”.

Considero que ese cambio profundo puede incluir aspectos como la ampliación y el fortalecimiento de la membresía y del liderazgo, de preferencia atrayendo a personas jóvenes, búsqueda y desarrollo de alianzas con sectores profesionales y académicos progresistas, potenciación de las redes sociales como herramientas que también ayudan a la organización, al debate y movilización de la opinión pública o la identificación y desarrollo de estrategias innovadoras de autogestión financiera, entre otras.

Esto atendiendo siempre el complejo y cambiante contexto sociopolítico regional y global, los problemas derivados de una profunda desigualdad, las consecuencias de los avances de las tecnologías sobre el mundo del consumo y el trabajo, por citar algunos desafíos del contexto.

4- A principios de los 90 fue cofundador del Centro para la Defensa del Consumidor, organización pionera en la defensa de los consumidores en Centro América. ¿A qué retos os enfrentasteis en esa época?

Eran los últimos años de la guerra civil salvadoreña y por ende, tiempos de limitados espacios democráticos, pero con la perspectiva de una negociación del conflicto armado.

Esas condiciones nos obligaron a la elaboración cuidadosa y creativa de propuestas técnicas, como la “Propuesta de ley de estabilización de precios de los productos básicos”, que fue enviada a las partes en conflicto. Gracias a esta iniciativa, los negociadores del conflicto suscribieron como uno de los Acuerdos de Paz la creación de la primera Ley de Protección al Consumidor, lo que finalmente vino a legitimar todo el trabajo pionero que se venía haciendo.

Dado que los derechos del consumidor eran poco conocidos por los distintos cuerpos sociales, se realizaron muchos esfuerzos para “catequizar” en el tema a sindicatos, asociaciones de mujeres, organizaciones comunales… lo que contribuyó a mejorar el eco social del trabajo.

También teniendo en cuenta el amplio desconocimiento del tema que existía entre los legisladores, se logró desarrollar una estrategia de cabildeo legislativo que permitió ser escuchados y tomados en cuenta en la aprobación del marco jurídico que se fue implementando. Todo esto fue solo una parte de los retos enfrentados.

5- Su trabajo en esta materia le llevó primero a presidir la Defensoría del Consumidor en 2009 para posteriormente ser nombrado Ministro de Economía de El Salvador en 2012. ¿Cuáles fueron los principales logros o avances en materia de consumo que se lograron con usted al frente de este ministerio?

Desde esa responsabilidad apoyé el proceso que condujo en febrero de 2013 a la aprobación de la primera reforma importante de la Ley de Protección al Consumidor, luego de 8 años de vigencia. Esta reforma incluyó la ampliación de los derechos básicos, así como la introducción de nuevas regulaciones sobre comisiones y recargos, venta a plazo de bienes muebles, derecho de retracto, derecho a darse baja, nuevas cláusulas y prácticas abusivas, publicidad ilícita, engañosa o falsa y garantía legal sobre bienes, entre otras modificaciones.

En ese tiempo dirigí la puesta en marcha del Sistema Salvadoreño de la Calidad, que tiene como uno de sus objetivos la protección de los derechos de los consumidores y el goce a un medio ambiente sano, garantizando la seguridad y calidad de los productos, incluidos los alimentos y servicios.

Teniendo en cuenta que el ministerio tenía competencias en la regulación de los hidrocarburos y la administración del subsidio en el precio residencial del Gas Licuado de Petróleo, durante mi gestión se logró un reforzamiento estratégico en las funciones de fiscalización de la calidad y precio de los combustibles. También se diseñó e implementó el programa “Tarjeta Solidaria”, una especie de tarjeta social digital que en forma exitosa inscribió y otorgó subsidio al GLP a aproximadamente el 60% de las familias salvadoreñas.

6- ¿Hay en El Salvador y en Centro América actualmente una normativa efectiva que defienda a los consumidores?

Todos países tienen una legislación de protección al consumidor, como lo documenta la investigación sobre marcos legales realizada este año por la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, que se puede leer y descargar aquí: https://bit.ly/ProteccionLegalConsumidoresALyC.

La efectividad de dichas normativas es una materia compleja, pero probablemente haya países como El Salvador, Panamá y Costa Rica que tienen mayor avance en comparación con lo que sucede en Guatemala, Honduras y Nicaragua.