La organización FACUA – Consumidores en Acción de España, rechaza cualquier ayuda económica de empresas o partidos políticos, como primera medida para garantizar su independencia.

FACUA aprobó el día 24 de febrero de 2007 en asamblea general, un documento denominado “Un compromiso ético para la defensa de los consumidores y usuarios” con la finalidad de responder a la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores -hoy derogada por el actual Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias-, que estableció la posibilidad de que las empresas financien actividades de las organizaciones de consumidores y abriera una peligrosa puerta por la que FACUA no entrará jamás.

El artículo 27 del citado Texto Refundido, desvirtúa totalmente el principio de independencia de las asociaciones de consumidores frente a los operadores del mercado, al considerar que “no tendrán la consideración de ayudas económicas las aportaciones que se realicen -por las empresas a las asociaciones de consumidores- en las condiciones de transparencia establecida en esta norma y normas reglamentarias, no mermen la independencia de la asociación y tengan su origen en los convenios o acuerdos de colaboración regulados en este capítulo”.

Desde FACUA entendemos que dada la práctica imposibilidad de controlar estas ayudas económicas, como viene ocurriendo habitualmente, se abrió la posibilidad legal de que las empresas y grupos empresariales puedan influir económicamente y lograr de manera más clara que dichas asociaciones de consumidores defiendan los intereses de las empresas o ataquen a los de la competencia.

Un movimiento organizado de consumidores, fuerte, plenamente independiente y con capacidad e influencia de intervención en el mercado sólo puede conseguirse sobre la base de garantizar su financiación por la vía de los ingresos propios provenientes de las cuotas de sus asociados y de las ayudas y subvenciones que los poderes públicos deben aportar en cumplimiento del mandato constitucional recogido en el artículo 51 de la Constitución Española.

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