Blog de la Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable para la colaboración y el intercambio entre las organizaciones de consumidores de América Latina, el Caribe y Europa

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Publicado el 15 de Febrero de 2024, por Crisólogo Cáceres

El contenido vertido en los artículos y entrevistas publicados en el Blog Consumo y Ciudadanía, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la postura de las Fundaciones que propician dicho blog

Desde hace meses, el proyecto de ley que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor peruano, a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones SPAM ha concitado la atención de los ciudadanos porque todos, sin excepción, están hartos de estas llamadas y mensajes no deseados que perturban la tranquilidad de todo aquel que los recibe.

La propuesta inicial fue enviada en abril al Poder Ejecutivo que la observó y devolvió al Congreso el cual preparó una nueva versión en la que, como denunció ASPEC, manos extrañas reemplazaron la conjunción “y” por la disyunción “o” en el inciso e) del art. 58° objeto de modificación. Este “inocente” cambio de una sola letra abría una vía inesperada para que las empresas puedan seguir contactando al consumidor indiscriminadamente.

Pese a tan benévola modificación, el Ejecutivo observó por segunda vez el texto remitido por el Congreso y, entre los argumentos esgrimidos, defendió el derecho de las empresas al “primer y único contacto” con el consumidor amparado por la Ley de Datos Personales.

En este escenario, el Congreso tiene tres alternativas: i) Acepta las observaciones y hace unos pequeños retoques en el texto incorporándolas; ii) No acepta dichas observaciones y aprueba por insistencia su propuesta tal cual, con la cuestionada “o” incluida; o iii) Redacta una nueva versión que mantenga el espíritu del proyecto original pero que atienda las razones jurídicas planteadas por el Gobierno.

Si se opta por la tercera opción, habría que ser muy precisos en la redacción de la fórmula legal a fin de que no hayan sorpresas y cumpla su finalidad. En tal sentido, la ley podría considerar un procedimiento como el siguiente:

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