Blog de la Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable para la colaboración y el intercambio entre las organizaciones de consumidores de América Latina, el Caribe y Europa

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Arbitraje de consumo, una herramienta ampliamente desconocida

Publicado el 17 de febrero, 2020 por Jesús Benitez Cerezo

Pese a que las teorías clásicas liberales asumen como premisa la existencia de un orden espontáneo autocorrector del libre mercado, por todos es conocida la potencial situación de desigualdad y desequilibrio en que posiciona a uno de sus principales elementos sostenedores, los consumidores y usuarios, especialmente en el contexto exacerbado del consumo masivo de bienes y servicios que tiene lugar en el marco de un modelo cuya característica primordial es la tendencia a la acumulación de riqueza.

La preocupación por la promoción de la defensa de los legítimos derechos e intereses de los consumidores y usuarios viene a consagrarse como un verdadero asunto de interés público que se materializa con su incorporación a gran parte de los textos constitucionales de que los Estados pretenden dotarse, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en América Latina. A modo de ejemplo, dichos mandatos constitucionales resultan fácilmente localizables en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 65 de la Constitución Política del Perú, el artículo 42 de la Constitución de la Nación Argentina o en el artículo 51 de la Constitución Española.

No obstante, la tutela efectiva de los intereses de los consumidores y usuarios requiere, además del reconocimiento de derechos que los asistan para la protección de la salud, la seguridad u otros muchos aspectos relativos a los mismos, de la fijación y sostenimiento de procedimientos eficaces que garanticen su defensa. Del coste económico que supone el acceso a la justicia tradicional y la falta de flexibilidad que presenta deviene la necesidad de ahondar en la búsqueda de mecanismos alternativos de resolución de conflictos más acordes con las características propias que habitualmente suelen presentar las controversias en las relaciones de consumo, mostrándose entonces el arbitraje como una verdadera herramienta a disposición de los usuarios.

El arbitraje de consumo suele configurarse como un mecanismo gratuito e institucionalizado de resolución de conflictos entre consumidores y empresarios que discurre al margen de la jurisdicción ordinaria y a través del cual, sin formalidades especiales, un tercero suprapartes (un órgano unipersonal o colegiado) impone su decisión a las mismas, con carácter vinculante y ejecutiva, basada en una aceptación previa y voluntaria de sometimiento que entraña el reconocimiento de tales facultades. En España, el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, define al arbitraje de consumo como “[…] el sistema extrajudicial de resolución de resolución de conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios a través del cual, sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, se resuelven las reclamaciones de los consumidores y usuarios, siempre que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte o existan indicios racionales de delito”.

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