Blog de la Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable para la colaboración y el intercambio entre las organizaciones de consumidores de América Latina, el Caribe y Europa

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Contratos de adhesión y consumo

Publicado el 18 de julio, 2019 por Alejandro García López

Los contratos de adhesión son una institución jurídica que se ha expandido a lo largo y ancho del planeta, sin que América Latina y el Caribe sean una excepción a la norma, pero ¿qué es un contrato de adhesión?

Con casi total seguridad, todo lector entenderá el significado de la palabra «contrato». Se trata de uno de los pilares básicos del derecho privado encargado de regular las relaciones jurídica entre particulares -físicos o jurídicos-. Precisamente, una de las características que diferencia al ser humano del resto de animales es su capacidad de relacionarse socialmente con acciones complejas que van más allá de meros actos instintivos, dotándonos para ello de leyes y contratos que rijan tales relaciones.

En sus orígenes, el contrato era fiel reflejo de la voluntad de las partes que habían llegado a un determinado acuerdo del cual surgían derechos y obligaciones para ambos. Mediante el contrato se establecían las cláusulas que las partes consideraban necesarias (escritas o verbales) para regular el acuerdo en cuestión y, con ello, poder exigir su cumplimiento.

En la actualidad, sin embargo, el sistema capitalista impuesto en la totalidad de los países occidentalizados requiere de una contratación en masa ágil y rápida, con la que poder adquirir bienes y servicios por parte de los consumidores, motor que mantiene viva la economía basada en el consumo. Hoy día resultaría impensable que un consumidor o usuario pueda dirigirse a una compañía de telefonía con el objetivo de acordar, de forma individualizada, las condiciones a regir en sus contratos, tratando de acercar posturas entre entre ambas partes en aspectos tan esenciales como el precio mismo del servicio. Debido a tal necesidad, surgió el concepto de «contrato de adhesión», donde las empresas (predisponentes) imponen un contrato prerredactado en los que el consumidor (adherente) tiene un nulo margen de negociación. En el mejor de los casos, las empresas pueden ofrecer diferentes opciones sin que ello sea sinónimo de un acto negociador.

Los contratos de adhesión limitan, por tanto, la capacidad de negociación de los consumidores a cambio de poder acceder a bienes y servicios de forma ágil y rápida, hecho del que se aprovechan las grandes empresas para abusar de sus posiciones dominantes e imponer al consumidor cláusulas que, con una libertad real, nunca suscribirían. Y es que, la libertad del consumidor no sólo se encuentra cercenada respecto a su capacidad transaccional, sino que también se encuentra anulada su propia libertad de contratación. Ningún ciudadano puede libremente decidir no contratar bienes o servicios que resultan básicos para una vida digna como el propio suministro eléctrico, o el acceso a las nuevas formas de comunicación. En determinadas ocasiones, el consumidor puede encontrarse incluso en supuestos de falta de libertad de elección al sólo existir una empresa que pueda ofrecer el servicio deseado.

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