En mayo, la Unión Europea tomará una decisión que podría pasar desapercibida para la mayoría de ciudadanos, pero que tiene implicancias profundas para el futuro de la alimentación a nivel global. Se trata de la posible flexibilización de la regulación de los organismos genéticamente modificados (OGM), en particular aquellos desarrollados mediante las denominadas “nuevas técnicas genómicas” (NGT).

A primera vista, el debate parece técnico, incluso lejano. Sin embargo, lo que está en juego va mucho más allá de un ajuste normativo. La discusión toca una fibra sensible: quién controla las semillas, quién define qué se cultiva y, en última instancia, quién decide lo que comemos.

Hoy, grandes corporaciones como Bayer y Syngenta vienen impulsando con fuerza un cambio en las reglas del juego. Su narrativa se apoya en promesas de innovación, mayor productividad y soluciones frente al cambio climático. Pero detrás de ese discurso, legítimo en apariencia, emerge una preocupación central: la creciente concentración de poder en el sistema alimentario.

La posible desregulación de estas nuevas tecnologías abriría la puerta a una expansión significativa de patentes sobre semillas modificadas genéticamente. En términos prácticos, esto podría traducirse en un escenario donde unas pocas empresas no solo desarrollan la tecnología, sino que también controlan su uso, su distribución y las condiciones bajo las cuales los agricultores pueden acceder a ella.

Para los pequeños y medianos productores, este cambio no es menor. Implica, en muchos casos, abandonar prácticas ancestrales como guardar, intercambiar o reutilizar semillas. En su lugar, se verían obligados a entrar en esquemas de licencias, pagos recurrentes y restricciones contractuales. Es decir, pasar de la autonomía a la dependencia.

Para los pequeños y medianos productores, este cambio no es menor. Implica, en muchos casos, abandonar prácticas ancestrales como guardar, intercambiar o reutilizar semillas. En su lugar, se verían obligados a entrar en esquemas de licencias, pagos recurrentes y restricciones contractuales. Es decir, pasar de la autonomía a la dependencia.

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