«La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.» (Artículo 1.2 de la Constitución Española).

A través de la democracia indirecta (o representativa) los ciudadanos eligen mediante sufragio universal a sus representantes, los cuales llevarán a cabo políticas acorde a los intereses del electorado. Es decir, el ciudadano no participa directamente en los asuntos políticos, sino que tal participación la llevan a cabo a través de los representantes electos. El derecho al sufragio activo se encuentra, por lo tanto, limitado en esencia a elegir a sus representantes políticos cada cuatro años.

Hasta finales del Siglo XX, la democracia representativa era el mejor sistema democrático posible. Por un lado, por una mera cuestión física, resultando impracticable reunir a todo el pueblo para tomar decisiones sobre las diferentes normas que eran objeto de debate. Por otro lado, por simple logística, siendo inviable que toda norma tuviera que pasar necesariamente por un proceso de referéndum, entendiendo este en el concepto tradicional del voto en urna física. No obstante, que la democracia indirecta fuera la mejor de las democracias posibles no quiere decir que sea un sistema democrático perfecto.

La corrupción es uno de los grandes problemas potenciales del sistema representativo, habiéndose observado en la práctica como tal riesgo ha cristalizado en infinidad de casos concretos. La corrupción reviste diferentes formas, funcionando incluso cuando no hay una promesa o unas dádivas expresas, basta la mera expectativa de ocupar un puesto en una gran empresa que asegure una generosa renta con la que satisfacer cualquier capricho el resto de su vida.  Esta simple reflexión es suficiente como para ayudar a vislumbrar la complejidad de imponer frenos a los intentos de manipulación y corrupción del poder económico, complejidad que se acentúa cuando es el propio representante político, objeto de potencial manipulación, el que ha de poner los medios para que ello no ocurra.

Seguir leyendo