Introducción
La protección al consumidor es un principio que en las últimas décadas ha ido configurándose en los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países europeos, de América Latina y el Caribe. Tal protección deriva en muchas ocasiones de un mandato realizado por uniones supranacionales como la Comisión Europea, la cual impone a los estados miembros la necesidad de legislar conforme a unas garantías mínimas. Dicha protección ha alcanzado tal relevancia que forma parte de la carta magna de diversos países. A modo de ejemplo, el artículo 42 de la Constitución de la Nación Argentina, en los artículos 52 a 55 de la Constitución de la República del Ecuador o en el artículo 51 de la Constitución Española.

La creciente sociedad consumista, motor principal de la mayoría de las economías de los países occidentalizados, junto con el desequilibrio de poder negociador entre el usuario y el profesional, son parte de los elementos que aconsejan tal legislación tuitiva en beneficio de la parte débil del contrato: el consumidor.

Legislación a razón de la pandemia
La llegada de una epidemia mundial provocada por el tristemente conocido virus SARS-CoV-2 ha supuesto la necesidad de que muchos estados tengan que establecer límites al ejercicio de diversos derechos de los ciudadanos para evitar un contagio masivo y una pérdida irreparable de vidas humanas. Tales limitaciones han provocado, de facto, la imposibilidad de que muchos consumidores y usuarios puedan obtener la contraprestación esperada del contrato que han suscrito con el profesional correspondiente, que va desde la imposibilidad de realizar un viaje en avión hasta la falta de entrega de un vehículo por la escasez provocada para su elaboración de determinadas piezas necesarias.

Lo ocurrido en España nos va a servir como claro ejemplo para desarrollar a lo largo del presente texto las repercusiones que tal pandemia ha supuesto en las relaciones contractuales de los consumidores con los prestadores de bienes y servicios. El poder ejecutivo español, junto con el posterior apoyo del poder legislativo, ha tratado de acompasar las mencionadas limitaciones de derechos con la implementación de garantías adicionales que permitan la defensa de los consumidores y usuarios ante la frustración de sus legítimas expectativas contractuales. Sin embargo, la realidad ha demostrado que la mayoría de las medidas supuestamente llevadas a cabo para garantizar los intereses de los ciudadanos en momentos de pandemia han sido formalizadas en normas que materialmente protegen al profesional, exacerbando el desequilibrio originario reinante entre las partes del contrato, a fin de proteger unos intereses mercantiles y con ello una supuesta quiebra del sistema capitalista reinante.

A todo ello, se le ha unido una deficiencia técnica legislativa que ha ido en aumento cada año en las últimas décadas como consecuencia del dictado de normas en respuesta al clamor popular, obviando toda ciencia jurídica y sin detenerse en estudiar la calidad del texto y sus posibles repercusiones futuras. La celeridad que un supuesto excepcional como la pandemia requiere ha hecho alcanzar tal deficiencia a su máximo exponente, creando normas confusas, con un alto grado de indefinición y con evidentes incoherencias con el resto del ordenamiento jurídico. La consecuencia de ello es un aumento de la inseguridad jurídica insostenible en un Estado de Derecho que se precie.

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