Blog de la Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable para la colaboración y el intercambio entre las organizaciones de consumidores de América Latina, el Caribe y Europa

Blog de la Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable para la colaboración y el intercambio entre las organizaciones de consumidores de América Latina, el Caribe y Europa

Publicado el 16 de noviembre de 2026, por Stefan Larenas

El contenido vertido en los artículos y entrevistas publicados en el Blog Consumo y Ciudadanía, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la postura de las Fundaciones que propician dicho blog

Durante las últimas semanas, la discusión del Presupuesto de la Nación para 2027 ha ocupado buena parte del debate político. Como suele ocurrir cada año, las prioridades del gasto público han concentrado la atención del Congreso y de distintos actores de la sociedad. Sin embargo, entre las numerosas partidas presupuestarias, hay una decisión que ha pasado prácticamente inadvertida y que debiera preocuparnos: la importante reducción de los recursos para la protección de los consumidores.

Mientras el proyecto contempla un aumento de los recursos del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), el Fondo Concursable destinado a las asociaciones de consumidores pasa de $621,9 millones a $314,8 millones, lo que representa una disminución del 49,4%. No estamos frente a un ajuste marginal, sino ante una decisión que amenaza con restringir significativamente la capacidad de acción de organizaciones que cumplen una función relevante en la defensa de los derechos de los consumidores.

Por supuesto, contar con un SERNAC dotado de mayores capacidades constituye una condición necesaria para enfrentar mercados cada vez más complejos. Sin embargo, su fortalecimiento no puede entenderse como un sustituto del trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil. Estas cumplen funciones complementarias a las del servicio público, pero poseen una característica especialmente valiosa para el sistema de protección de los consumidores: su independencia respecto de las autoridades políticas y de los intereses empresariales.

Gracias a esa autonomía, las asociaciones pueden identificar problemas que no necesariamente forman parte de las prioridades de la autoridad, desarrollar investigaciones propias, promover acciones judiciales y representar intereses colectivos sin depender de las decisiones de un gobierno. Debilitar su financiamiento significa, por tanto, restringir las posibilidades de que existan distintas voces capaces de supervisar el funcionamiento de los mercados y actuar frente a eventuales abusos.

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