Blog de la Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable para la colaboración y el intercambio entre las organizaciones de consumidores de América Latina, el Caribe y Europa

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América Latina. Protección de la economía del consumidor durante COVID-19

Publicado en 30 julio, 2020 por Armando Flores

El contenido vertido en los artículos publicados en el Blog Consumo y Ciudadanía, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la postura de las Fundaciones que propician dicho blog

Es conocido que los patrones deLa pandemia del COVID-19 está generando graves consecuencias y ha puesto al descubierto la extrema fragilidad del actual modelo de desarrollo. En este contexto, los consumidores de bienes y servicios enfrentan amenazas y vulneraciones a sus derechos fundamentales. Esta situación impulsó a la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable a realizar un estudio sobre los alcances y limitaciones de las medidas adoptadas por los gobiernos de la región para proteger el interés económico de los consumidores frente a la COVID-19* (El texto del estudio se encuentra en la sección documentos de este Blog y puede verse aquí).

Aunque la emergencia sanitaria continúa a la fecha, la revisión de las políticas públicas implementadas entre los meses de marzo y mayo 2020 ofrece una panorámica suficiente para mostrar lo hecho por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay para proteger los intereses económicos de sus consumidores.

Un primer tema analizado es el referido a las políticas y acciones de regulación o control de precios implementadas. De los 8 países investigados, solo en Argentina, Colombia, El Salvador y Panamá se implementaron medidas tendientes a fijar o regular precios de los productos básicos. Dichas medidas van desde lafijación de precios generalizada y retroactiva (Argentina),que alcanzó a unas 305 subcategorías de productos que abarcan a un aproximado de 2 300 productos de consumo masivo; la fijación selectiva de precios de 19 productos básicos en diversas presentaciones (El Salvador);la regulación del margen bruto máximo de venta de 11 productos básicos (Panamá); hasta el régimen de libertad vigilada (Colombia) que enlistó 26 productos a cuyos precios monitoreó en forma periódica.

En Brasil, Chile y Perú no se encontraron disposiciones legales ni acciones de fijación de precios; en el caso de Uruguay, a pesar de una ley de 1978 que faculta al Poder Ejecutivo a establecer la nómina y regular los precios, el gobierno optó por la concertación con el sector privado, y en mayo anunció que, a través de un acuerdo voluntario con comerciantes, intermediarios y productores, unas 80 familias de artículos de la canasta básica de alimentos, higiene y limpieza que comprende a centenares de productos, no podrán aumentar sus precios durante 3 meses en comercios de grandes y pequeñas superficies.

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