La Constitución Española reconoce el derecho a la vivienda en el artículo 47, que establece:
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.»
Sin embargo, la realidad actual nos invita a plantearnos una primera cuestión: ¿sigue siendo la vivienda un derecho constitucional o ha pasado a tratarse principalmente como un activo financiero?
Para la gran mayoría de la población, especialmente para la clase trabajadora, la vivienda constituye un bien de primera necesidad. En cambio, para otros representa simplemente un activo financiero con una elevada capacidad de rentabilidad.
Los grandes tenedores de vivienda siempre han existido, pero en las últimas décadas, se han incorporado con fuerza al mercado residencial los fondos de inversión inmobiliaria. Su irrupción ha supuesto un cambio significativo en la estructura y el funcionamiento del mercado inmobiliario, con efectos que han reabierto el debate sobre el papel de la vivienda y los límites de la inversión en este ámbito.
Este cambio de enfoque ha transformado profundamente el mercado residencial. La vivienda ha dejado de concebirse únicamente como un espacio destinado a satisfacer una necesidad básica para convertirse, en muchos casos, en un producto capaz de generar una elevada rentabilidad y cuyo fin es el de satisfacer la demanda voraz de ocio y movilidad que tiene la nueva sociedad del siglo XXI. En este contexto han surgido nuevas formas de explotación de la vivienda, favorecidas por el auge del turismo, las plataformas de alojamiento y la creciente demanda de estancias de corta duración, que han modificado el destino de una parte del parque residencial.
En los últimos años, sobre todo en los cascos histórico y en los barrios más céntricos de las ciudades, se ha producido una proliferación de las viviendas destinadas al alquiler turístico y, más recientemente, de los alquileres de corta y media estancia. Esta modalidad de arrendamiento contribuye al incremento del precio del alquiler residencial y reduce la oferta de viviendas para residencia habitual, dificultando el acceso a la vivienda de la población residente, siendo la población joven uno de los colectivos más afectados.
Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Es evidente que esta situación no ha surgido de un día para otro. Los cambios sociales y económicos de las últimas décadas han transformado el mercado de la vivienda y la forma en que hoy la entendemos y utilizamos.
Todo esto puede llevar a una segunda reflexión, ¿riqueza o expulsión de los vecinos?
Basta con pasear por muchos barrios para apreciar que el cambio no afecta únicamente a las viviendas. Cada vez son menos los comercios tradicionales que consiguen sobrevivir a este nuevo modelo de consumo dominado por las grandes cadenas de supermercados, capaces de abrir establecimientos con amplios horarios comerciales, llegando en algunos casos a prestar servicio durante las veinticuatro horas del día. Esta realidad dificulta enormemente que el pequeño comercio pueda competir frente a estos gigantes.
Todas estas circunstancias contribuyen a generar un círculo vicioso en el mercado de la vivienda y en la propia vida de los barrios.
Hace unos años era relativamente habitual que la cuota de una hipoteca fuera inferior al precio de un alquiler. Sin embargo, hoy muchas personas se encuentran con una nueva “zancadilla”: ni siquiera pueden acceder a la financiación necesaria para comprar una vivienda, ya que necesitan disponer de unos ahorros muy elevados para afrontar la entrada y los gastos asociados a la adquisición.
A ello se suman unos salarios que, en muchos casos, evolucionan muy por debajo del precio de la vivienda, tipos de interés de los préstamos disparados… El esfuerzo económico que supone acceder una vivienda digna retrasa la emancipación de numerosos jóvenes y puede llegar a tener consecuencias sociales más amplias. Cabe preguntarse si esta realidad influye, al menos en parte, en el retraso de la edad de emancipación, en la decisión de posponer la maternidad o la paternidad e, incluso, en el descenso de la natalidad. ¿Hasta qué punto la falta de recursos económicos condiciona estos proyectos de vida?
Pero el problema no termina ahí. Cuando las personas ya no pueden desarrollar su proyecto de vida en el lugar donde han nacido o desean vivir, las consecuencias dejan de ser únicamente personales y pasan a reflejarse en la propia ciudad.
Una ciudad puede conservar intacto su patrimonio arquitectónico y, sin embargo, haber perdido una de sus mayores riquezas: la identidad de sus barrios. Esa identidad no la construyen únicamente sus calles o sus edificios, sino las personas que los habitan y les dan vida cada día. Cuando los vecinos se ven obligados a marcharse, los barrios comienzan a perder su esencia.
En algunas paredes de los callejones del centro de Sevilla puede leerse la frase: «Sevilla no es un parque temático».
Esa frase no cuestiona el turismo. Cuestiona un modelo de ciudad en el que todo parece orientarse al visitante mientras quienes sostienen el día a día de la ciudad se ven obligados a marcharse porque ya no pueden permitirse vivir en ella.
Y, quizá, esa sencilla frase resume el verdadero problema. El debate no debería centrarse únicamente en si queremos más o menos turismo, ni en el mayor o menor protagonismo de la inversión privada. La verdadera cuestión es otra: ¿qué modelo de ciudad queremos construir? Una ciudad no puede convertirse en un parque temático donde todo esté pensado para el visitante mientras quienes la hacen posible cada día, camareros, dependientes, personal de limpieza, cocineros, transportistas, sanitarios y tantos otros trabajadores… no pueden permitirse vivir en ella ni desarrollar un proyecto de vida digno. Porque una ciudad deja de pertenecer a sus vecinos mucho antes de que estos abandonen sus calles; empieza a hacerlo cuando ya no pueden imaginar un futuro en ella y el derecho a una vivienda dina queda relegado frente a intereses puramente económicos.
Ángela Santiago Ayerbe
Responsable del Departamento Administrativo de la Fundación FACUA