Desafíos y oportunidades en América Latina
Una compra, muchas decisiones
Cada vez que tomamos una decisión de compra evaluamos más cosas de las que creemos. Comparamos precios, revisamos ingredientes, miramos la fecha de vencimiento y elegimos entre marcas que prometen resolver las mismas necesidades. Y, cuando el impacto socioambiental también forma parte de nuestro interés, aparecen otras preguntas: ¿Este envase se puede reciclar?, ¿este electrodoméstico consume menos energía?, ¿este cosmético fue testeado en animales?, ¿este alimento es orgánico? ¿Qué significa realmente ese sello?
Hoy encontramos productos con palabras como “reciclable”, “biodegradable”, “natural” o “responsable con el medioambiente”, acompañadas de símbolos, etiquetas y certificaciones que no siempre sabemos interpretar. Algunas han sido verificadas por una organización independiente; otras son afirmaciones realizadas por la propia empresa. A simple vista pueden parecer equivalentes, pero muchas veces no lo son.
En Europa, el etiquetado ecológico de productos se ha implementado y fortalecido durante décadas. Su incorporación ha supuesto un cambio cultural, porque ha introducido nuevas formas de evaluar, comunicar y comprender el impacto socioambiental de los productos. En América Latina, este proceso es más reciente y avanza de manera desigual.
En este escenario, la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable quiso conocer cómo está evolucionando el etiquetado ecológico de productos en la región. Por eso realizamos el estudio Etiquetado ecológico en América Latina: desafíos y oportunidades para el consumo responsable. Mediante una revisión documental y entrevistas a especialistas de la región, analizamos la situación de países que lideran el tema y de otros que lo están abordando de manera emergente: Costa Rica, Brasil, México, Ecuador, Colombia, Perú y Chile.
Un lenguaje común para entender las etiquetas
Las categorías del etiquetado ecológico no surgieron de manera improvisada. Forman parte de la familia de normas ISO 14020, creada para establecer principios comunes y evitar que cada empresa o país utilice conceptos ambientales a su manera.
Dicho de forma sencilla, encontramos tres tipos principales.
- Tipo I o ecoetiquetas. Son certificaciones otorgadas por una tercera parte independiente. Evalúan varios criterios y consideran el ciclo de vida del producto.
- Tipo II o autodeclaraciones ambientales. Son afirmaciones realizadas por el fabricante, importador o distribuidor, sin una certificación externa obligatoria.
- Tipo III o declaraciones ambientales de producto. Entregan datos técnicos cuantificados y se utilizan principalmente entre empresas, en sectores industriales y en compras públicas.
Además de las categorías establecidas por las normas ISO, en el mercado masivo existen las etiquetas ecológicas de impacto único verificadas, muy presentes en América Latina. Aunque no están normadas como una categoría específica dentro de la familia ISO 14020, cuentan con validación independiente y se enfocan en un atributo concreto, como reciclabilidad, eficiencia energética, producción orgánica o no testeo en animales. No son ecoetiquetas Tipo I, no evalúan múltiples criterios ni consideran todo el ciclo de vida, pero tampoco son simples autodeclaraciones.
Dos mercados, dos públicos, dos formas de comunicar
El estudio muestra que, en América Latina, el etiquetado ecológico opera en dos mercados diferenciados.
En el mercado industrial y empresarial, la información circula entre empresas y organismos públicos. En sectores como la construcción y el papel predominan las ecoetiquetas Tipo I y las declaraciones ambientales Tipo III, con información más técnica y especializada.
En el mercado de consumo masivo, la información llega a las personas consumidoras a través de los productos. Allí predominan las autodeclaraciones y las etiquetas ecológicas de impacto único verificadas. Estas últimas comunican un atributo concreto de manera más directa y comprensible, sin renunciar a la verificación de una tercera parte.
El desafío: construir confianza sin excluir
La confianza es uno de los mayores desafíos. La proliferación de mensajes vagos o difíciles de comprobar aumenta la confusión y el escepticismo. El greenwashing no solo puede inducir a error, también perjudica a las empresas que sí están mejorando sus productos y respaldando sus afirmaciones con evidencia.
A esto se suma la barrera de que obtener una ecoetiqueta Tipo I es un proceso técnico complejo, costoso y que puede extenderse en el tiempo. Lo que deja fuera a muchas PYMES y pequeños productores. Esto también limita las opciones de la ciudadanía, porque quienes se guían por sellos verificados terminan eligiendo, muchas veces, entre las marcas que sí pueden financiar una certificación.
También existe un problema de infraestructura. Por ejemplo, que un envase sea técnicamente reciclable no significa que podrá reciclarse en cualquier lugar. Si no existen sistemas de recolección, clasificación y valorización, la afirmación pierde utilidad para quien compra. La credibilidad del etiquetado depende también de las capacidades reales de cada territorio.
Oportunidades para la región
En este escenario, las etiquetas ecológicas de impacto único verificadas aparecen como una oportunidad para la región. Al evaluar un atributo delimitado, pueden ofrecer a las empresas una vía más gradual y menos compleja para comunicar avances respaldados y, a las personas consumidoras, información más directa para decidir.
En ese sentido, no reemplazan a las ecoetiquetas Tipo I ni deben presentarse como equivalentes. Su valor está en complementar el sistema y ampliar el acceso a información confiable, siempre que cuenten con criterios claros, transparencia y verificación independiente.
Otra oportunidad es fortalecer la Alianza Ambiental de América, impulsada por Colombia, Costa Rica, Ecuador y México para armonizar los sistemas de ecoetiquetado Tipo I y avanzar hacia su reconocimiento mutuo. Su consolidación podría reducir la duplicación de trámites, facilitar el comercio regional y ayudar a que la ciudadanía reconozca información respaldada bajo criterios comunes.
¿Cómo avanzamos?
El estudio propone fortalecer la verificación de terceros, regular las autodeclaraciones, apoyar técnica y financieramente a las PYMES e incorporar el etiquetado ecológico en las compras públicas.
Pero avanzar también requiere fortalecer a las personas consumidoras. Para ello, es fundamental impulsar campañas de educación desde los Estados, las organizaciones de consumidores, la sociedad civil y la academia, que permitan distinguir una autodeclaración de una etiqueta ecológica verificada, comprender qué evalúa cada sello y exigir información clara, respaldada y accesible.
La digitalización puede contribuir a este proceso. Los códigos QR y los pasaportes digitales de productos permiten ampliar la información sobre materiales, origen, trazabilidad, reparabilidad, impacto socioambiental y fin de vida, sin recargar la etiqueta física. Pero ¿cómo logramos que esa información sea realmente comprensible y útil para la ciudadanía? ¿Qué necesitan las personas consumidoras para distinguir una autodeclaración de una etiqueta verificada? ¿Cómo convertimos el etiquetado ecológico en una herramienta efectiva para ejercer el derecho a la información y tomar decisiones de consumo más conscientes?
Estas preguntas serán parte del foro de lanzamiento del estudio, que realizaremos el jueves 23 de julio. Será un espacio para presentar sus principales hallazgos y abrir una conversación regional sobre cómo el etiquetado ecológico de productos puede contribuir a decisiones de consumo más informadas y a una producción más responsable.
Marcela Godoy San Martín
Especialista en Consumo y Producción Sostenible
Recurso de imagen: Canva