El Estado del Bienestar, término homologado en un buen número de países europeos, sobre todo los encuadrados en la Comunidad Económica Europea para describir una serie de conquistas sociales y económicas para la mayoría de la sociedad, independientemente de su pertenencia a cualquier clase social, está sufriendo serios intentos de limitar sus beneficios para los ciudadanos, por parte sobre todo de gobiernos sustentados por las ideas liberales en materia económica en un buen número de estos países especialmente desde la crisis financiera de 2008.
Una de las bases fundamentales del Estado del Bienestar en España está sustentada en la conquista de una Sanidad Pública universal y gratuita para toda la ciudadanía. Es fácilmente deducible que el sostenimiento de este servicio, vital para la supervivencia cotidiana del ser humano, requiere de enormes esfuerzos económicos por parte del Estado, y eso sólo se logra a través de una política fiscal contundente, persistente y equitativa, sobre la base de que tributen más a la Hacienda Pública quien más ingresos económicos tiene.
En España y por mandato constitucional, desde el año 1978, el Estado Central ha ido delegando transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de Sanidad desde esa fecha. Desde entonces y con mayor o menor variedad la Sanidad Española ha conseguido ser modélica en la atención hacia todos los ciudadanos, comparada con los países de nuestro entorno europeo y no digamos de los Estados Unidos de América y el resto del continente americano, exceptuando a la República de Cuba.
Pues bien, a partir sobre todo de la crisis de 2008, el propio Estado y también bastantes Comunidades Autonómicas, agobiados por la falta de ingresos fiscales, producidos por el deterioro económico, productivo y financiero, comenzaron a restringir con diferentes fórmulas administrativas, servicios vitales y decisivos en la atención médica a un buen número de ciudadanos, sobre todo a los de mayor edad.
La gobernación de España por parte del Partido Popular, desde el año 2011 hasta el año 2019, hizo agravar más la situación, al poner en práctica unas políticas restrictivas, apoyadas en los criterios del Gobierno de la Comunidad Europea, no sólo en materia sanitaria sino también en drásticas reducciones de las ayudas mínimas vitales a los sectores de población más desfavorecidos; a lo que hay que añadir la derogación de leyes laborales que perjudicaron seriamente las conquistas de la clase trabajadora, limitando sus ingresos salariales en lo económico y negando su derecho a la plena negociación colectiva.
Aunque estas políticas restrictivas quedarían en su mayoría anuladas con la entrada de una coalición de carácter progresista liderada por el Partido Socialista, que con el entendimiento y acuerdos con las Centrales Sindicales y en menor medida con las organizaciones empresariales, con motivo de la crisis generada por la Covid-19, consiguieron restablecer una mayor normalidad en el mantenimiento del Estado del Bienestar.
Pero los problemas de la Sanidad Pública en toda su gama de prestaciones siguen latentes y continúan acaparando la preocupación de la ciudadanía. El enorme y extraordinario esfuerzo asistencial realizado durante el periodo de confinamiento, tanto en el terreno económico como por parte de los trabajadores de la Sanidad Pública, no ha servido para evitar de manera paulatina el deterioro de atención sanitaria en todas las Comunidades. Las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, el déficit de infraestructuras y la escasez de médicos para la atención primaria, están llegando a situaciones límites.
En estos días asistimos a una fuerte conflictividad que afecta a los sistemas sanitarios de las Comunidades Autónomas de Madrid o de Cantabria. Los profesionales de la Medicina encabezan con energía estas protestas para evitar, como en el caso de Madrid, que la relación directa entre el médico y las personas aquejadas de alguna enfermedad dejen de realizarse. Para no ampliar las escasas plantillas sanitarias se pretende “digitalizar” esta relación fundamental para el bienestar físico de los afectados.
Pero estos problemas de restricción de presupuestos financieros para este servicio público fundamental para la vida humana, no afecta sólo a Cantabria o a Madrid, aunque en las mismas los partidos que gobiernan tratan de aplicar medidas de carácter puramente capitalistas, es decir el buscar un rendimiento económico, que permitan evitar déficit y al mismo tiempo propiciar rebajas de impuestos. En otros gobiernos autonómicos como es el caso de Cataluña o Andalucía el deterioro de la Sanidad Pública es percibido por amplios sectores de la sociedad. En los últimos meses se producen manifestaciones de protesta en muchas ciudades españolas.
Por otro lado las empresas privadas de atención están aumentando su afiliación a costa de esta indefensión que sufren centenares de miles de personas, que “creen” en unas bondades de atención médica que luego no se producen. Las aglomeraciones y listas de espera en los centros médicos privados son también un hecho desde hace tiempo. Pero las grandes corporaciones médicas privadas están teniendo grandes beneficios económicos con la grave situación de la Sanidad Pública que atravesamos desde hace años.
Con el enorme déficit público que afecta a la mayoría de las Comunidades Autonómicas, la solución a corto y medio plazo se presenta difícil de resolver.
El gobierno de España debería de afrontar esta enorme crisis que tiene lugar en la prestación de los Servicios Públicos de Salud.
Así como el artículo 148/21 de la Constitución Española establece que las competencias en materia de Sanidad Pública puedan ser asumidas por las Comunidades Autonómicas en base a la cercanía de estas administraciones con los ciudadanos que residen en ellas, también en nuestra Constitución se recoge en el artículo 149/16 que el Estado tiene competencia exclusiva en “bases y coordinación general de la Sanidad Pública”.
Además el artículo 150/3 faculta al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales a intervenir con “leyes de armonización” en asuntos de competencia autonómica cuando así lo exija el interés general.
El derecho al bienestar de todos los seres humanos a gozar de buena salud, no debe ser materia de ideologías, ni de negocios empresariales. La Sanidad Pública lleva a cabo un importante cometido para conservar y mantener la vida en aceptables condiciones para toda la sociedad. Estemos vigilantes, pues todos estamos afectados por su buen o mal funcionamiento. Es quizás la más importante conquista social que se ha llevado en España en toda su historia. Y no olvidemos que fue el Sistema Democrático, implantado por la voluntad de la mayoría de la sociedad española en Junio de 1977 quien la impulsó.
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Francisco Acosta Orge, Patrono de la Fundación FACUA. Cofundador del Movimiento Sindical de Comisiones Obreras en el año 1964 en plena Dictadura Franquista. Despedido en la empresa donde trabajaba en junio de 1970 por realizar una huelga de trabajadores. Detenido y encarcelado en varias ocasiones. Formó parte de la Coordinadora Nacional de Comisiones Obreras de España, cuyos diez componentes fueron condenados el 20 de diciembre de 1973 por el Tribunal de Orden Público a más de 162 años de cárcel, de los cuales le correspondieron 12 años y un día.