En mayo, la Unión Europea tomará una decisión que podría pasar desapercibida para la mayoría de ciudadanos, pero que tiene implicancias profundas para el futuro de la alimentación a nivel global. Se trata de la posible flexibilización de la regulación de los organismos genéticamente modificados (OGM), en particular aquellos desarrollados mediante las denominadas “nuevas técnicas genómicas” (NGT).
A primera vista, el debate parece técnico, incluso lejano. Sin embargo, lo que está en juego va mucho más allá de un ajuste normativo. La discusión toca una fibra sensible: quién controla las semillas, quién define qué se cultiva y, en última instancia, quién decide lo que comemos.
Hoy, grandes corporaciones como Bayer y Syngenta vienen impulsando con fuerza un cambio en las reglas del juego. Su narrativa se apoya en promesas de innovación, mayor productividad y soluciones frente al cambio climático. Pero detrás de ese discurso, legítimo en apariencia, emerge una preocupación central: la creciente concentración de poder en el sistema alimentario.
La posible desregulación de estas nuevas tecnologías abriría la puerta a una expansión significativa de patentes sobre semillas modificadas genéticamente. En términos prácticos, esto podría traducirse en un escenario donde unas pocas empresas no solo desarrollan la tecnología, sino que también controlan su uso, su distribución y las condiciones bajo las cuales los agricultores pueden acceder a ella.
Para los pequeños y medianos productores, este cambio no es menor. Implica, en muchos casos, abandonar prácticas ancestrales como guardar, intercambiar o reutilizar semillas. En su lugar, se verían obligados a entrar en esquemas de licencias, pagos recurrentes y restricciones contractuales. Es decir, pasar de la autonomía a la dependencia.
Este modelo no es nuevo. En distintos países ya se han documentado tensiones entre agricultores y corporaciones por el uso de semillas patentadas, así como procesos de concentración que terminan reduciendo la diversidad agrícola y limitando la capacidad de decisión de quienes producen alimentos.
En este contexto, la Unión Europea ha sido históricamente un contrapeso importante. Sus políticas han estado marcadas por el principio de precaución, altos estándares de trazabilidad y la defensa del derecho de los consumidores a estar informados. Sin embargo, ese liderazgo está hoy bajo presión.
La discusión actual no solo plantea flexibilizar los controles sobre las NGT, sino también reducir o eliminar requisitos clave como el etiquetado de productos derivados de estas tecnologías. Esto tendría un impacto directo en la transparencia del sistema alimentario. Porque cuando el etiquetado desaparece, también lo hace la posibilidad de elegir de manera informada.
No se trata de estar a favor o en contra de la ciencia. Se trata de definir bajo qué condiciones se desarrolla, quién se beneficia de ella y qué salvaguardas existen para proteger el interés público.
Aunque esta decisión se esté gestando en Bruselas, sus efectos no se limitarán a Europa. América Latina —y particularmente países como el Perú— no están al margen de este proceso. Por el contrario, podrían verse directamente impactados.
Europa no solo es un actor comercial relevante, sino también un referente normativo. Sus decisiones suelen influir en estándares internacionales, acuerdos comerciales y políticas públicas en otras regiones. Si la UE flexibiliza su regulación, es probable que esa tendencia se traslade, de una u otra forma, a nuestros países.
Esto abre un debate urgente en nuestra región. ¿Estamos preparados para enfrentar una mayor presión por adoptar estos modelos? ¿Qué pasará con la agricultura familiar, que hoy sostiene buena parte de la alimentación en el Perú? ¿Cómo se protegerá la biodiversidad en un país reconocido como uno de los más ricos del mundo en recursos genéticos?
No son preguntas menores. En un contexto donde el hambre y la inseguridad alimentaria siguen siendo desafíos reales, las decisiones sobre el sistema agrícola no pueden tomarse únicamente en función de intereses corporativos o promesas tecnológicas.
La agroecología, la conservación de semillas nativas y los sistemas de producción sostenibles no son una nostalgia del pasado. Son, cada vez más, alternativas necesarias frente a un modelo que ha demostrado ser eficiente en producción, pero problemático en términos de equidad, sostenibilidad y resiliencia.
La posible desregulación de los OGM en Europa debe ser leída, entonces, como una señal de alerta. No porque implique automáticamente un escenario catastrófico, sino porque redefine las reglas del juego en un ámbito estratégico: el control del sistema alimentario.
Aún hay espacio para el debate público, la incidencia ciudadana y la exigencia de transparencia. Pero ese espacio se acorta. Las decisiones se están tomando ahora, y sus efectos se sentirán durante décadas.
Lo que está en juego no es solo una norma técnica. Es la soberanía alimentaria, la capacidad de los agricultores para decidir sobre sus prácticas, y el derecho de las personas a saber qué están consumiendo.
En un mundo cada vez más interconectado, lo que ocurre en Europa no es ajeno. También es, de alguna manera, una decisión sobre nuestro propio futuro.
Cecilia Mendiola Vargas
Presidente de la Fundación FACUA