Ómicron, la decimoquinta letra del alfabeto griego que ha pasado del anonimato para la ciudadanía general, al estrellato más absoluto en las últimas semanas. El problema, es que la fama no viene precedida por un aumento exponencial del interés social respecto a la indicada lengua muerta, sino por haberse denominado así a la nueva cepa del virus SARS-CoV-2 que sigue asolando al mundo entero mediante una pandemia cuyo fin no parece acercarse.

La humanidad está obteniendo una dilatada experiencia en lo que a pandemia se refiere. Ya llevamos 21 meses de convivencia con la COVID19, a fecha de la escritura del presente texto, y pese a los avances científicos que han conseguido reducir significativamente el número de muertes, lo cierto es que no se prevé que vayamos a erradicar la nueva enfermedad.

Una de las enseñanzas que ha puesto de relieve la actual pandemia es la necesidad imperiosa de disponer de un sistema sanitario público que pueda atender a los ciudadanos ante cualquier imprevisto, con independencia de sus posibilidades económicas. Tal es así, que incluso el presidente de la capitalista Estados Unidos ha tenido que salir públicamente a los medios de comunicación para rogar a sus conciudadanos que se vacunen, haciendo gala de que la dosis se proporciona de forma gratuita a cualquier americano. ¿Puede el lector imaginar otras situaciones dónde EEUU quiera poner de relieve un servicio gratuito prestado por el estado para atender a cualquier persona con independencia de su clase social?

A estos efectos, la clase política ha dispuesto de 21 meses para que gobiernos, como el español, haya podido realizar inversiones económicas en el sistema público sanitario para asegurar que ninguna crisis sanitaria pueda volver aponer riesgo dicho sistema. Sin embargo, Ómicron nos ha vuelto a abofetear para que despertemos del letargo y veamos la cruda realidad: que las medidas adoptadas no son más que simples parches temporales para tratar de dar solución a un problema estructural. ¿Las consecuencias? Un auténtico peligro de salud pública derivado del colapso del sistema, diagnósticos tardíos de problemas de salud serios como puede ser el cáncer, afluencias masivas a los centros de salud por parte de potenciales contagiados que pueden poner en riesgo al resto de pacientes, desgaste de un personal sanitario que se encuentra sobrepasado tanto física como mentalmente, imposibilidad de prever y organizar situaciones críticas como la ola provocada por nuevas variantes, etcétera.

Pese a ello, los ciudadanos todavía tenemos que aguantar el insulto de los políticos cuando se dirigen hacia nosotros a través de toda la parafernalia mediática para exigirnos precaución, que nos abstengamos de abrazar a nuestros familiares y seres queridos, o que evitemos que los niños jueguen entre ellos. Se atreven a descargar sobre una ciudadanía cansada y hastiada la culpa y responsabilizar del avance de la pandemia, el colapso de los centros sanitarios y las víctimas que la misma se está cobrando.

De ninguna manera tenemos que aceptar dicho ataque. La culpa de que el sistema sanitario colapse no es de los ciudadanos, es de la falta de dotación de medios materiales y humanos a dicho sistema. La culpa de que la pandemia siga avanzando no es culpa de las reuniones familiares, sino de la espalda que se le ha dado a los países sin recursos que no han podido beneficiarse de las vacunas, siendo allí donde surgen las nuevas cepas por no poder disponer de herramientas con las que combatir de forma efectiva el virus. Si la pandemia no se ha erradicado de raíz en un principio, no es porque no nos lavemos las manos antes de comer, o porque hayamos acudido al cine con amigos, es porque los gobiernos no han llevado a cabo medidas contundentes de contención bajo el miedo del gran poder económico. Si tras 21 meses seguimos igual que al principio, es culpa sólo y exclusiva de aquellos que nos gobiernan.

Ahora bien, que tengamos el infortunio de contar mundialmente con una panda política de pacotilla que se doblega al auténtico poder económico no quiere decir que la ciudadanía tenga que actuar de forma insolidaria.

Una cosa es tener que soportar el dedo acusador de aquellos que están fomentando la precarización sanitaria, y otra muy distinta tener que actuar de forma egoísta, aumentando así el peligro contra la salud pública. La ciudadanía tiene el deber moral de protegerse a sí misma mediante la protección del vecino, ha de llevar a cabo todas las medidas que sean necesarias para lograr reducir el avance de la pandemia. La ciudadanía ha de tratar con orgullo y respeto a los profesionales sanitarios, no mediante aplausos en las ventanas que sólo sirven para engrosar el egocéntrico escaparate personal que mantiene en sus redes sociales, sino evitando acudir a eventos masivos en momento de alza de los contagios, respetando distancias de seguridad siempre que sea posible, manteniéndose al margen de contactos sociales en caso de sufrir síntomas o en caso de haber tenido contacto estrecho con alguien infectado. En definitiva, los ciudadanos debemos hacer todo lo que 21 meses de experiencia nos ha debido enseñar y, por supuesto, deberemos actuar en coherencia cuando llegue el momento de depositar el voto en las urnas, sin olvidar el despropósito político sufrido.

Pero no solo nos encontramos ante una dualidad sociedad-política, sino que hace falta la colaboración ineludible del sector laboral. Empresas, administraciones, organizaciones, asociaciones y, en definitiva, cualquier organización de medios productivos que tenga a su disposición personal laboral han de procurar medidas que ayuden a evitar la expansión del virus, máxime en momentos álgidos como el vivido actualmente con Ómicron. Muchas empresas siguen siendo reacias a imponer medidas que efectivamente sirvan para la protección de sus trabajadores bajo el pretexto de que están cumpliendo con la normativa vigente. Se oponen frontalmente a medidas proporcionales como el teletrabajo por considerar que las oficinas son seguras, olvidando que el trabajador ha de hacer uso de transporte público para poder acudir a su centro de trabajo, fomentando de este modo el riesgo del contagio y el derivado colapso de hospitales y centros de salud. Olvidan que incluso sanitarios han sido contagiados pese al uso de medidas seguridad más integrales como los propios EPIs. Se obvia, además, que no sólo se ha de proteger la salud física, sino que han de procurar la protección de la salud mental de sus trabajadores, los cuales pueden estar viéndose obligados a trabajar con el miedo latente de poder contagiar a sus seres queridos. Y se ignora, para colmo, el beneficio que la propia actividad económica obtiene protegiendo a sus trabadores y procurando, dentro de sus posibilidades, la fecilidad de estos, lo cual redundirá en un mayor y mejor rendimiento laboral.

Llevamos 21 meses soportando una pandemia que ha causado estragos humanitarios, sin que se vislumbre la vuelta de una auténtica normalidad hasta que no nos adueñemos de un sistema sanitario acorde a las necesidades humanas y no económicas, ¿hasta cuándo estaremos dispuesto a seguir soportando esta indecencia sanitaria?

Fdo. Alejandro García López

Miembro del gabinete jurídico de FACUA

Licenciado en Derecho

Abogado