El debate que se generó a raíz de las situaciones críticas que atraviesa la prestación del servicio eléctrico, especialmente los casos de las empresas concesionarias EDESUR y EDELAP, ha vuelto a plantear un conjunto de cuestionamientos relacionados con los servicios públicos en general, que van desde los derechos que les asisten a los usuarios, reales o potenciales, hasta las formas de propiedad y de gestión de las empresas.

En diversos países del mundo, y también en la Argentina, se están observando distintas experiencias que tienen que ver con lo que denominamos procesos de “desprivatización”, es decir, con el cuestionamiento a la privatización de empresas de servicios públicos que caracterizaron a las décadas de los años ’80 y ’90 y la vuelta a la gestión pública o comunitaria.

Las críticas a las privatizaciones de fines del siglo pasado se focalizan en varios aspectos: altas tarifas, dificultades en el acceso o la permanencia para los sectores de bajos ingresos, el deterioro ambiental, la precarización de los trabajadores a través de los regímenes de tercerización y, en los países de menor desarrollo, las dificultades de financiamiento adecuado en la extensión de las redes hacia los barrios humildes.

Una recopilación de casos realizado por la Internacional de Servicios Públicos, (Federación mundial que representa a 20 millones trabajadores y trabajadoras que suministran servicios públicos esenciales en 163 países), que data de hace un par de años, da cuenta de más de ochocientos casos en 45 países, de empresas de diferentes áreas que habiendo sido privatizadas volvieron a la propiedad pública o a la gestión comunitaria. De ese extenso listado nos interesa destacar dos experiencias significativas, por los países que involucran y por ciertas circunstancias particulares que nos interesa especialmente mencionar. 

La primera de ellas es la empresa ferroviaria inglesa Railtrack. Los ferrocarriles fueron privatizados en una decisión casi tardía (entre 1994 y 1997) separando las empresas de infraestructura (vías y estaciones) de las de operación del servicio de carga y pasajeros. La privatización trajo aparejada una serie de deficiencias en la prestación del servicio ferroviario y el derrumbe de un mito: la puntualidad de los trenes ingleses. En el caso de la empresa encargada de la infraestructura fueron notorios los incumplimientos en las inversiones comprometidas (algo que parece ser un denominador común en las privatizaciones de los servicios) y el aumento de los subsidios públicos para afrontar las deficiencias. Esas deficiencias incluyeron el aumento notorio en los accidentes y víctimas. Todo ello llevó al gobierno de Tony Blair a la desprivatización, contrariando sus tesis de la “tercera vía”, y a la constitución de una empresa sin fines de lucro (Network Rail) cuyo directorio convocó a la participación de diferentes actores sociales: trabajadores, usuarios, proveedores.

La otra experiencia a destacar tuvo lugar en la ciudad francesa de Grenoble en los servicios de agua potable, que eran prestados por la multinacional Suez (hoy Engie). A pesar de la presencia de este gigante, una de las empresas más grandes en la prestación de este tipo de servicio, el municipio procedió a la remunicipalización debido a una serie de fraudes en que habría incurrido la prestadora.  

En el caso de la Argentina, desde la profunda crisis orgánica del año 2001 que derivó, entre otras cuestiones, en la renegociación de los contratos de privatización y en una mayor presencia y actividad regulatoria por parte del Estado, varias empresas de servicios públicos pasaron a la órbita estatal o se reestructuraron en su formato jurídico. Un listado de estas experiencias abarca a empresas como Aerolíneas Argentinas, YPF,  Correo Argentino, AySA, toda la infraestructura ferroviaria y las líneas del San Martín, Mitre, Belgrano Sur y Roca, y también empresas provinciales, principalmente en los servicios de agua potable y saneamiento, como son los casos de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Salta.

En la electricidad, donde mayoritariamente la prestación recae hoy en el sector privado (según un informe reciente del BID, solo Argentina y Chile permiten la distribución eléctrica privada en América Latina y el Caribe), hemos visto en los últimos años una preocupante insuficiencia de inversiones y, atado a ello, una muy deficiente calidad en los servicios. Durante este año, a partir de la gestión del interventor del ENRE, se han aplicado fuertes sanciones a las empresas distribuidoras EDESUR y EDENOR  fundadas en la baja calidad de la prestación del servicio, que diariamente es percibido por los usuarios, y que se agudizan en los casos de dificultades, ya sea en la mala o insuficiente provisión (ej: cortes o baja tensión) o en la resolución de inconvenientes, especialmente los relacionados con la facturación.

Los servicios públicos son servicios esenciales y básicos en la sociedad moderna que satisfacen necesidades de carácter colectivo. Su uso generalizado está relacionado con la calidad de vida, al estar estrechamente vinculados con la salud, con el hábitat, con la comunicación y con el acceso al trabajo. Es por ello que hoy internacionalmente, y también en Argentina, el acceso a los servicios públicos se considera un derecho humano, porque satisfacen necesidades básicas, individuales y colectivas. 

Desde esta concepción, y vista las experiencias internacionales y nacionales de desprivatización, es que nos enfrentamos al desafío de pensar esquemas alternativos a la privatización que se instrumentó en la década de los noventa, superando viejos esquemas no aptos para las nuevas realidades, y que involucren la recuperación de servicios públicos accesibles para la ciudadanía, eficaces en la calidad de su prestación y democráticos en su forma de gestión y control.

Américo García Director de la Fundación Acción para la Comunidad de Argentina

Juan Diego González MoralesPresidente del Centro de Estudios de Servicios Públicos de Argentina

Share on facebook
Share on twitter