La recuperación y el reordenamiento económico en Cuba hacen imprescindible la protección del consumidor

Las medidas establecidas por las autoridades cubanas en relación a la recuperación y el reordenamiento de la economía hacen imprescindible que se disponga, definitivamente, de una ley de protección al consumidor, donde se velen y defiendan los derechos de éstos y se propicie la creación de instituciones gubernamentales y sociales orientadas a trabajar en dichos fines.

Durante seis décadas se mantuvieron en Cuba muchos productos básicos o servicios esenciales a los consumidores con políticas de gratuidades y subsidios. Estas medidas, por supuesto, si bien beneficiaban a éstos, erosionaban recursos necesarios que debían orientarse hacia un mayor crecimiento y desarrollo económico.

En los dos últimos congresos del Partido Comunista de Cuba se originaron los llamados lineamientos económicos, los cuáles entre otras cuestiones, debían corregir determinados excesos que se habían producido con tales políticas. Fue así que finalizando el 2020, las autoridades se dispusieron a suprimir los subsidios excedidos y dar un giro más racional a éstos, adecuándolos lo mejor posible a la economía.

Por tal razón y dada la compleja o crítica situación económica del país, las autoridades decidieron en el último trimestre del 2020 realizar la unificación monetaria y cambiarla, iniciando así un proceso de mayor reordenamiento de la economía nacional. De ahí que junto a la decisión de que sólo circulara el peso cubano, al cambio de 1×24 con relación al dólar; las autoridades decidieran realizar, en simultáneo, la eliminación de subsidios en productos y servicios. A la vez que se introdujeron significativos incrementos en los ingresos de la población (salarios y pensiones), se ajustaron los precios minoristas en relación al actual aumento del poder adquisitivo de la población.

A partir de las escalas existentes en los salarios y pensiones, éstos fueron aumentados en cinco veces y además definieron (teóricamente) una canasta básica de gastos en productos y servicios. De acuerdo a los análisis realizados, los nuevos incrementos monetarios cubrirían las necesidades nutricionales básicas en productos y podrían satisfacerse los servicios esenciales que requieren los consumidores.

Con el incremento salarial y de las pensiones, más los criterios que sustentan la canasta básica, las autoridades defienden la idea de que los ajustes de precios realizados permiten a los consumidores la posibilidad, al menos, de satisfacer sus necesidades primordiales de vida y mantener un decoro sobre el desenvolvimiento social.

El reordenamiento económico se produjo sin afectar los sectores fundamentales de la política social de la revolución, la que continuará plenamente vigente, especialmente por sus universales y gratuitos servicios de salud y educación pública, como por la amplia política de accesibilidad y promoción al empleo y garantía de las jubilaciones y pensiones. Las autoridades han reiterado que se mantendrán los programas de asistencia y protección social a favor de las familias o personas más vulnerables de la población y han dicho que nadie quedará desprotegido.

Sin embargo, las medidas del reordenamiento de la economía se originaron en momentos poco favorables del país, dado el comportamiento limitado o decrecimiento económico experimentado durante los años 2019 y 2020. Esto junto al enfrentamiento al coronavirus y a las numerosas sanciones económicas -más de 160- que le infligiera la administración Trump para extremar el bloqueo a Cuba.

Tales situaciones ocasionaron al país restricciones financieras, reducción de las importaciones y un determinado nivel de desabastecimientos en productos de consumo que dieron pie al surgimiento de un proceso inflacionario.

En esas circunstancias, la producción nacional se ve obligada a suplir, mayoritariamente, las necesidades de los consumidores, obligándola a realizar un amplio y eficiente esfuerzo productivo. Para ello, las autoridades deberán propiciar a los sectores privados, cooperativos y estatales, las facilidades y condiciones requeridas, de manera que esos productores se vean liberados de obstáculos que les impidan incrementar sus producciones y satisfacer los niveles de consumo que demanda la población.

En el mercado doméstico (comercio de productos y servicios), participan junto a las unidades del Estado, otras tantas de particulares o cooperativas. En las unidades del Estado se manejan las ventas de los productos y servicios con precios fijos, establecidos por el gobierno nacional o los gobiernos locales. Esto no ocurre en los otros sectores, por lo que, en condiciones de inflación o escasez de bienes y servicios, los precios pueden incrementarse considerablemente o los productos verse afectados en su calidad.

Los procesos inflacionarios se originan por diversas razones, entre otras, el desabastecimiento de productos, excesos de liquidez monetaria entre los consumidores, aumentos de precios o expansión del mercado informal o subterráneo. Es en tales circunstancias que aparecen las actuales medidas del reordenamiento económico, lo que a su vez complica la situación existente. Por ello, las autoridades se esfuerzan en evitar una mayor escalada de precios a la ya realizada por ellos, cuestión que los ha llevado a topar los precios y anunciar sanciones para quienes los alteren. Aunque estará por ver si resultan efectivas.

A grandes rasgos es lo que ocurre en Cuba, pero las medidas tomadas no son más que un primer momento del reordenamiento económico. Esto me lleva a recomendar, ahora con más razón y urgencia que antes, la necesidad y conveniencia para el país y la sociedad de contar con una ley de protección de los consumidores. Más cuando se conoce que existe un proyecto de ley que deberá ser analizado y sancionado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento cubano), pero previsto para un tiempo más distante.

Valorando la situación, considero que el proyecto de ley de protección al consumidor debiera analizarse lo antes posible y evitar que se prolongue su aprobación; dado que el mismo asume como basamento fundamental los derechos de los consumidores promulgados por las Naciones Unidas, así como las convenientes particularidades nacionales.

El país vive circunstancias excepcionales, unas complejas y otras críticas, pero para salir adelante hace falta poner en marcha todas las medidas que sean útiles y que contribuyan a resolver obstáculos e inconvenientes. Por supuesto que no guardo dudas que la protección al consumidor, correctamente encausada y organizada, podrá devenir en importante contribución a la solución de diversos problemas que se presentan; pero para ello será necesario, además de contar con el instrumento legal, que surjan instituciones públicas y sociales que se encarguen en las nuevas circunstancias del desarrollo socioeconómico de velar eficientemente por el cumplimiento de los derechos del consumidor.

Con ello no sólo se beneficiarían los consumidores cubanos, sino que se les facilitaría complementariamente a las autoridades, en sus diferentes instancias o niveles, la misión de enfrentar las ilegalidades y daños que se les ocasionan a los consumidores. Considerando, además, que internacionalmente existe una vasta experiencia sobre cómo proteger al consumidor, de la cual con seguridad las autoridades y sociedad cubana se podrán beneficiar.

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Eugenio R. Balari, historiador, periodista y doctor en Economía, fue presidente y fundador del Instituto Cubano de Investigación y Orientación de la Demanda Interna (ICIODI)