Un tema principal de estos tiempos es el COVID-19 y vemos que todas las cuestiones son atravesadas por los debates en torno a la pandemia. Es que se ha convertido en una gran crisis, independiente desde donde se le mire. Ya sea desde la salud tanto pública como privada, desde la economía y desde los derechos sociales. Y de esta gran crisis -sin saber los tiempos exactos y sin saber bien si todos juntos o fraccionados según el país o zona en que estemos- saldremos en un futuro cercano. Y habrá un antes y un después.

Pensemos en líneas generales que estamos viendo y que veremos en estos tiempos que van desde que fue declarada la Pandemia hasta el momento que finalice. Encontramos gran cantidad de países adoptando medidas más propias de lo que llamamos “Estado de Bienestar”, dejando de lado las medidas correspondientes a un “Estado Neoliberal”. No hay uniformidad en las definiciones de Estado de Bienestar y Estado Neoliberal, pero más allá de la falta de precisión, son conceptos bastantes uniformes en su comprensión conceptual por la gran mayoría de los lectores.

Sólo pensando en medidas económicas de amplio impacto sobre los usuarios y consumidores en Argentina podemos mencionar algunas de ellas:

1) Precios Máximos y Prohibición de compra a la población en general de ciertos insumos médicos, reservando las mismas para personal médico y sanitario (mascarillas especiales por ejemplo).

2) Precios Máximos para todos los productos alimenticios, bebidas, de higiene personal y limpieza, retrotrayendo todos los precios el 6 de marzo del 2020.

3) Congelamiento de tarifas de Servicios Públicos hasta fin de año, especialmente luz, gas y agua.

4) Prohibición de corte de servicios públicos y servicios de comunicación, entre otros, por falta de pago planteando que en caso de no pago una vez salidos de la cuarentena se estipularán planes de pagos por facturas atrasadas.

5) Prórroga de contratos de alquiler, congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos.

6) Congelamiento de cuotas de ciertos créditos hipotecarios.

7) Medidas especiales a los efectos de postergar los pagos de Tarjetas de Crédito respecto de determinados saldos.

8) Implementación del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías), consistente en la entrega de una suma mensual importante, aunque no suficiente.

9) ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción). Pago de parte de los Salarios del personal en relación de dependencia en empresas privadas por parte del Estado. En abril esta medida alcanzó a 2,5 millones de trabajadores.

10) Reaparición del Programa Ahora 12, que posibilita la compra en cuotas de artículos casi exclusivamente de origen nacional con tasas bajísimas y subsidiadas en parte por el Estado.

Todas estas medidas deben ser complementadas con medidas tomadas antes de la Cuarentena – ya que veníamos de una pandemia política que duró 4 años – como por ejemplo la tarjeta Alimentar que estando dirigida a los sectores más vulnerables entrega vía tarjeta de débito una suma nada despreciable a las familias de los sectores más vulnerables. El hecho de que antes del COVID-19 la desocupación rondaba en casi el 10 % y en 40 % de pobreza, nos exime de mayores comentarios.

En este análisis debemos tener en cuenta que el sistema de Salud Pública tiene un alto nivel de desarrollo prestacional y de cobertura territorial, siendo el Estado Garante final de la salud de los habitantes, nacionales o extranjeros, de nuestro país. A esto debemos sumar el amplio sistema de Obras Sociales que es un subsistema de salud dependiente de las organizaciones de trabajadores, y el sistema Privado.

En un par de palabras el Lic. Santiago Fraschina, economista y Secretario General de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), resumió la situación diciendo que el 90 % de los habitantes vivimos en un hogar que recibe un aporte del Estado: 7 Millones de Jubilados y Pensionados; 3,2 millones de empleados públicos (docentes, salud, etc.); 4,3 millones de Asignación Universal Por Hijo y Asignación por Embarazo, 9 millones de IFE y 2,3 millones de ATP y hay que sumar otras prestaciones. Todo esto sobre un total de 44 millones de habitantes. Por supuesto que este aporte del estado es parcial y no alcanza para una digna subsistencia.

Muchos nos dicen que esta serie de medidas se tomaron y fueron “soportadas” por los sectores empresariales sólo por la excepcionalidad de la crisis, y que no se pueden plantear como necesarias y habituales cuando salgamos de la misma.

Frente a esto ya son muchos quienes están escribiendo la Agenda Post Pandemia, señalando cuáles son los temas a discutir. Y específicamente, que debemos debatir, en relación a los derechos de los usuarios y consumidores.

Aparecen en agenda las regulaciones sobre el comercio electrónico; sobre la llamada sociedad digital; sobre el distanciamiento social y sus consecuencias sobre los servicios turísticos, gastronómicos, de esparcimiento; y otras medidas de similar contenido y espíritu. ¿Sólo hasta allí llegaremos en nuestros debates? ¿No iremos más allá para debatir sobre la columna vertebral del sistema que quedó al descubierto con la Pandemia?

A nuestro entender hay temas fundamentales a debatir luego de la Pandemia, a saber:

1) El Consumo como Derecho Humano.

2) La necesidad de un Ingreso Universal o como garantizamos un consumo de los productos y servicios básicos (alimentos, energía, agua, vivienda, salud, entre otros) para todos los habitantes.

3)La necesidad de una fuerte Intervención del Estado.

4) El respeto y cuidado del Ambiente.

5) El rol de la Salud Pública.

Estamos ya dispuestos a discutir todos los temas, pero haciendo hincapié en esta agenda porque no queremos que con discusiones vanas sólo legitimemos a un sistema que ha dado muestras de su fracaso.

Claudio Daniel Boada, Abogado
Director de Unión de Usuarios y Consumidores de Argentina

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