Cuáles son los impactos de la pandemia del COVID 19 en los procesos de educación de los consumidores es el tema de este artículo de reflexión. El contexto global de la pandemia ha generado procesos de restricción, incertidumbre e inseguridad de gran incidencia en la vida de las personas, de las familias y de las comunidades locales. El consumo como fenómeno sociológico no sólo se  refiere a nuestra relaciones con los mercados, sino también a todas aquellas dimensiones en las cuales se despliega el “mundo de la vida”, la cotidianidad, la habitabilidad, la convivencia, la recreación, la capacidad de estar informado y emitir opiniones, las libertades públicas, la participación ciudadana , el escrutinio de las empresas y servicios que nos brindan bienes claves para  nuestro bienestar y el cuidado de nuestra salud , por nombrar algunas de las más significativas.

Es entonces muy relevante plantearse algunos ejes emergentes para aquellos que trabajamos en la educación de los consumidores, sea a través de la educación escolar como de la educación comunitaria. Se trata, en efecto, de identificar las circunstancias que están exigiendo acompañamiento y educación a la población, también  desde las organizaciones de defensa de los consumidores. Y no se trata únicamente de desarrollar acciones educativas centrándose en el repertorio de derechos que los consumidores pudiesen ver afectados durante la pandemia, sino de manera singular en aquellas circunstancias propias del “mundo de la vida” de los consumidores en cuanto seres humanos.

Destacamos el impacto que ha generado la pandemia en el mundo del trabajo y las condiciones  laborales precarias  que está afectando a miles de trabajadores , las dificultades para poder sobrellevar las cuarentenas sanitarias y los confinamientos sin ingresos de emergencia ni capacidades de abastecimiento de alimentos básicos,  la nueva realidad de la educación  por vías remotas y el cierre de las escuelas que han evidenciado las desigualdades en el acceso a las tecnologías de comunicación de las familias más desprotegidas y que han impedido a sus hijos participar de manera continua en las actividades escolares vía plataformas digitales , la precariedad  de los servicios sanitarios públicos que no han podido responder efectivamente a la necesidades de atención  de las personas contagiadas por el COVID 19,  como consecuencia de las políticas de privatización y de reducción del gasto fiscal en salud  en los muchos países que estructuran su economía según modelos neoliberales.

En el marco de estos antecedentes proponemos una agenda de emergencia para la educación de los consumidores que nos lleve a acompañar a los sectores más vulnerados e impedidos del  acceso a bienes necesarios y fundamentales en tiempos de pandemia (atenciones sanitarias en situaciones críticas, acceso a nuevas tecnologías de la comunicación para la educación de los niños, niñas y adolescentes y para hacer efectivos los trámites civiles, comerciales y laborales que la  pandemia exige, atención en salud mental, abastecimiento alimentario, rentas de emergencia, seguros de cesantías ) .

La lógica de esta propuesta es que las organizaciones de consumidores, si así lo consideran, se hagan parte de los movimientos de educación comunitaria y se asocien a las redes que en cada país están creando “políticas ciudadanas de cuidado y solidaridad”, acompañando, participando, creando contenidos propios relacionados con la “vida y el consumo”:

1. Acompañamiento para quienes han abandonado sus trabajos y se encuentran en situación de alta precariedad (cesantía, seguros insuficientes, sin acceso a rentas de emergencia e inseguridad alimentaria, endeudamiento y riesgos de cobranzas judiciales y embargos).

2. Apoyo a las familias en la educación remota de sus hijos luego del cierre de las escuelas en temas como: contención emocional de niños, niñas y adolescentes, estrategias de uso efectivo y eficiente de las herramientas digitales domésticas en los tiempos disponibles, información de redes públicas y voluntarias de salud mental, vigilancia de las ofertas educativas de las escuelas para que se cumplan las normativas que las administraciones públicas han dispuesto.

3. Apoyo a las organizaciones sociales y a las familias para que demanden un acceso justo e  igualitario  a las plataformas digitales , vigilancia de los servicios que otorgan las empresas de telecomunicaciones y campañas para garantizar el derecho de las personas a disfrutar  de los beneficios de los bienes  que debieran ser comunes, hoy privatizados en muchos países, en cuanto son servicios  esenciales para la vida individual y colectiva: acceso a una habitabilidad digna, acceso a la salud primaria, infraestructura  comunitaria para la convivencia y el comercio  local, seguridad urbana.

4. Apoyo a los colectivos de las personas mayores y las que viven con discapacidades funcionales para integrarlas en las redes y circuitos de acompañamiento implementados por organismos públicos y de la sociedad civil y, en particular, para velar por un cuidado prioritario de sus necesidades sanitarias y de alimentación y el acceso expedito a los trámites de pago de sus pensiones y subsidios estatales. En este mismo ámbito, una especial atención debe merecer la implementación de acciones educativas destinadas a  enfrentar el fenómeno del endeudamiento crónico de las personas mayores, como ocurre en muchos países, el impacto de éste en su salud mental  y en sus condiciones materiales de vida.

Jorge Osorio Vargas

Profesor de la Escuela de Psicologia, Universidad de Valparaíso (Chile)

Especialista en políticas educativas, educación ciudadana, educación de adultos, educación para el desarrollo sustentable.

Miembro del Directorio de la Fundación Ciudadana para un Consumo Responsable

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