Cada año, el Foro Económico Mundial -organización internacional que impulsa la cooperación público-privada- produce y divulga el Informe de Competitividad Global, resultado del seguimiento de aproximadamente 110 indicadores que desarrollan los 12 pilares de la competitividad, donde destacan temas como  las instituciones, infraestructura, las TIC, estabilidad macroeconómica, salud, mercado de productos, mercado laboral, sistema financiero, tamaño del mercado, dinamismo de los negocios y capacidad de innovación.

La amplitud de esta especie de evaluación de los países ha provocado que ciertos analistas y académicos, voceros de algunos organismos internacionales, dirigentes empresariales, líderes de partidos políticos, etc., expresen con frecuencia que la competitividad es la pieza central para impulsar el desarrollo de las naciones y apuntalar el bienestar de la gente, que debería traducirse en la superación de las condiciones de pobreza y de desigualdad que por décadas han prevalecido -con mayor o menor dureza- en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños.

Sin la pretensión de reducir o ampliar el grado de credibilidad de los informes de competitividad que cada año se publican, es claro que ofrecen un seguimiento interesante a los temas económicos, sociales y políticos de cada país en el mundo. En el reporte de 2019 fueron incluidas 141 economías, de las cuales, solo dos países de América Latina y el Caribe (Chile y México) aparecieron en la lista de las 50 economías más competitivas del mundo.

Esta es la posición de la mayor parte de los países de la región en el Reporte de Competitividad Global 2019: Chile (33), México (48), Uruguay (54), Colombia (57), Costa Rica (62), Perú (65), Panamá (66), Brasil (71), República Dominicana (78), Trinidad y Tobago (79), Jamaica (80), Argentina (83), Ecuador (90), Paraguay (97), Guatemala (98), Honduras (101), El Salvador (103), Bolivia (107), Nicaragua (109), Venezuela (133) y Haití (138).

Teniendo claro el ranking de competitividad conviene ahora realizar un cruce entre este indicador y la información que publica la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) sobre la “Distribución del ingreso de las personas por quintiles de ingreso”, donde el Quintil 1 corresponde a las personas más pobres y el Quintil 5 a las personas más ricas en cada país.

Pues bien, según la información mas actualizada publicada por la Cepal, como promedio regional, la quinta parte de la población donde se ubican los más pobres recibió un 6,3% del ingreso nacional, lo que contrasta con la quinta parte de la población donde están los más ricos, quienes se apropiaron del 44,5% de los ingresos. Esto muestra una clara desigualdad en la distribución del ingreso, una característica de la región durante muchas décadas.

La constante y hoy más intensa conflictividad social y política que están viviendo varios países de la región, sin duda reflejan la gran deuda que han ido acumulando el sistema democrático y las políticas económicas implementadas en las últimas décadas. Por muchos años, varios países de la región generaron riqueza y crecimiento económico, algunos también se destacaron por su competitividad (Chile, México, Colombia), pero esos logros no contribuyeron a mejorar la distribución del ingreso, perpetuando la exclusión y la inequidad en perjuicio de la gente de menores recursos.

Como se ve en el siguiente cuadro con información regional entre 2001 y 2017, el Quintil más pobre apenas subió su acceso al ingreso nacional del 4,8% al 6,3% y el Quintil más rico sólo bajó su participación del 50,8% al 44,5%.

América Latina y El Caribe. Distribución del ingreso entre el Quintil 1 y el Quintil 5 

(2000-2017)

País y años específicos de data

Quintil 1 – 2000

Quintil 1 – 2017

Quintil 5 -2000

Quintil 5 -2017

Argentina (urbano- 2003/2017)

6,7%

10,0%

43,6%

35,2%

Venezuela (2000/2014)

7,5%

7,7%

38,2%

36,1%

Uruguay (Urbano- 2000/2017)

8,8%

10,2%

40,4%

37,3%

El Salvador (2000/2017)

4,8%

7,8%

48,4%

38,9%

Bolivia (2002/2017)

2,3%

4,3%

56,8%

40,8%

Ecuador (2001/2017)

4,6%

7,2%

54,0%

41,8%

Perú (2000/2017)

4,7%

5,2%

46,2%

43,4%

Chile (2003/2017)

5,8%

7,7%

49,6%

45,7%

República Dominicana (2000/2016)

5,4%

5,9%

50,4%

45,8%

Panamá (2000/2017)

3,3%

4,8%

52,7%

46,9%

Honduras (2001/2016)

4,4%

5,1%

51,3%

47,3%

Colombia (2002/2017)

3,8%

5,2%

53,1%

47,6%

México (2000/2016)

5,6%

6,1%

49,4%

47,8%

Costa Rica (2000/2017)

4,9%

5,3%

47,7%

48,5%

Nicaragua (2001/2014)

4,3%

5,0%

53,7%

48,0%

Paraguay (2001/2017)

4,3%

5,4%

52,1%

49,2%

Guatemala (2000/2014)

2,2%

5,2%

60,5%

50,7%

Brasil (2001/2017)

4,6%

4,9%

57,1%

53,0%

Promedio Regional (2001-2017)

4,8%

6,3%

50,8%

44,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Cepal-Cepalstat.

En este cuadro hay varios datos llamativos: el primero es que en 2017, Argentina (área urbana) y Brasil son los países donde el Quintil más rico tiene una menor y mayor porción del ingreso nacional, respectivamente; lo segundo es que países con un discreto desempeño en competitividad como El Salvador, Bolivia y Ecuador, entre 2000 y 2017, lograron repartir un poquito mejor el ingreso nacional. Un caso especial es Uruguay, que destaca en competitividad y muestra una distribución del ingreso menos excluyente; y finalmente está el caso de Costa Rica, con buen desempeño en competitividad pero es el único país de la región que en este período experimentó una subida de la proporción del ingreso nacional que está en manos del Quintil más rico.

A partir de lo anterior se puede concluir que la competitividad es importante pero no suficiente para lograr que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan de forma más equitativa en la sociedad. Por ello, es imprescindible la puesta en marcha de mejores políticas sociales que, viabilizadas por políticas tributarias progresivas, impulsen cada vez mejor una estrategia de desarrollo más inclusivo que tanto necesita la región.

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Armando Flores. Asesor y Consultor Internacional. Ex Ministro de Economía de El Salvador. Ex titular de la Agencia Gubernamental y de la Asociación de Consumidores de El Salvador