La organización FACUA – Consumidores en Acción de España, rechaza cualquier ayuda económica de empresas o partidos políticos, como primera medida para garantizar su independencia.
FACUA aprobó el día 24 de febrero de 2007 en asamblea general, un documento denominado “Un compromiso ético para la defensa de los consumidores y usuarios” con la finalidad de responder a la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores -hoy derogada por el actual Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias-, que estableció la posibilidad de que las empresas financien actividades de las organizaciones de consumidores y abriera una peligrosa puerta por la que FACUA no entrará jamás.
El artículo 27 del citado Texto Refundido, desvirtúa totalmente el principio de independencia de las asociaciones de consumidores frente a los operadores del mercado, al considerar que “no tendrán la consideración de ayudas económicas las aportaciones que se realicen -por las empresas a las asociaciones de consumidores- en las condiciones de transparencia establecida en esta norma y normas reglamentarias, no mermen la independencia de la asociación y tengan su origen en los convenios o acuerdos de colaboración regulados en este capítulo”.
Desde FACUA entendemos que dada la práctica imposibilidad de controlar estas ayudas económicas, como viene ocurriendo habitualmente, se abrió la posibilidad legal de que las empresas y grupos empresariales puedan influir económicamente y lograr de manera más clara que dichas asociaciones de consumidores defiendan los intereses de las empresas o ataquen a los de la competencia.
Un movimiento organizado de consumidores, fuerte, plenamente independiente y con capacidad e influencia de intervención en el mercado sólo puede conseguirse sobre la base de garantizar su financiación por la vía de los ingresos propios provenientes de las cuotas de sus asociados y de las ayudas y subvenciones que los poderes públicos deben aportar en cumplimiento del mandato constitucional recogido en el artículo 51 de la Constitución Española.
Abrir las puertas a las “ayudas” del sector empresarial y legitimar que éste pueda contribuir a la financiación de las organizaciones de consumidores, aunque sea con las “garantías” establecidas en la Ley, supone a medio y largo plazo debilitarlas aún más, restarles capacidad de influencia e intervención en el mercado y anular su carácter de independencia y la credibilidad del movimiento frente a los ciudadanos, como desgraciadamente está ocurriendo, pues ¿qué garantía de objetividad tendría un estudio comparativo “pagado” por una determinada empresa o asociación empresarial, sobre todo si sus productos forman parte del estudio?. Máxime cuando hay organizaciones de consumidores que venden “Sellos de Calidad” a las empresas cuyas marcas o productos fueron mejor valorados en los análisis o estudios comparativos realizados por dichas organizaciones de consumidores.
FACUA considera que la vinculación con los operadores económicos entraña un evidente riesgo de desnaturalización de la actividad de las asociaciones de consumidores y de una actuación no conforme con sus fines exclusivos de protección de los ciudadanos en su calidad de consumidores y usuarios, incluso representa el riesgo de que puedan ser utilizadas para la competencia desleal entre distintas empresas.
El ya indicado artículo 27 del Texto Refundido, a pesar de que pretende garantizar la independencia de las organizaciones de consumidores, abrió una puerta por la que FACUA no va entrar y por ello, tenemos la responsabilidad de asumir de manera responsable la necesidad de establecer una serie de principios éticos en nuestro funcionamiento y en nuestras actividades, con el fin de garantizar de manera clara y explícita, que Consumidores en Acción y todas las organizaciones que la integran, tenga un funcionamiento democrático y defienda su independencia frente a los operadores económicos del mercado y los intereses políticos de los gobiernos y partidos.
Por todo ello FACUA aprobó un Código Ético, formado por diez puntos que tras su aprobación por la Asamblea General de la organización son de obligado cumplimiento por FACUA y para todas las organizaciones de consumidores territoriales que formen parte de nuestra organización, a la vez que asuman el compromiso de trabajo por una sociedad más justa, solidaria e igualitaria. En el citado Código se establece entre otras cuestiones las siguientes por destacar algunas:
Su régimen de actuación interna y la toma de sus decisiones corresponderán a un funcionamiento democrático, plural y participativo y mantendrán absoluta independencia ante organismos e instituciones públicas, partidos políticos, sectores empresariales, sindicatos y otros agentes sociales y económicos, en sus actuaciones de defensa de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios y de sus derechos. Esta independencia no supondrá en ningún caso una renuncia al fomento del diálogo con estos agentes económicos para resolver las reclamaciones de los consumidores.
Fomentarán la afiliación entre los ciudadanos a su organización como vía para el fomento de organización de los propios consumidores y como garante de la financiación de sus gastos corrientes, con el fin de conseguir una auténtica independencia en sus actuaciones en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, a la hora de denunciar los abusos y fraudes que se producen en el mercado.
Fomentarán pautas de consumo responsable y sostenible, formando consumidores conocedores de sus derechos, respetuosos con el medio ambiente y críticos con las empresas que atenten contra estos preceptos y asumirá el compromiso de desarrollar una política de cooperación internacional con otras organizaciones de consumidores, especialmente de América Latina y el Caribe.
Nuestra apuesta por el diálogo, la mediación y negociación con los sectores empresariales y profesionales, siempre deberá ser en beneficio de los consumidores, y estará dirigido exclusivamente para resolver las reclamaciones de los consumidores y usuarios, así como para mejorar las relaciones en el mercado entre empresas y consumidores.
Tras establecer su Código Ético y los criterios para regular las relaciones de FACUA y de sus organizaciones territoriales con las empresas y organizaciones empresariales, se entendió necesario regular también los criterios que deberían regir para fijar las incompatibilidades que afectaban a los cargos directivos del conjunto de la organización.
Para ello y para implementar criterios éticos en el funcionamiento interno de la organización y en sus relaciones con la sociedad, el día 6 de abril de 2013, la Asamblea General de FACUA aprueba un nuevo protocolo que establece las incompatibilidades de los cargos directivos de FACUA y de sus organizaciones territoriales, en relación a cargos públicos, partidos políticos, empresas, etc.
En base al punto tercero de la Declaración de Principios aprobada en 2007 y con el fin de garantizar de manera más activa nuestra independencia, se establece que los cargos directivos y o de responsabilidad de FACUA y de sus organizaciones territoriales no podrán asumir las siguientes responsabilidades:
Ostentar cargo público electo en Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Gobiernos Autonómicos y Central y Parlamentos y Senado; Ostentar cargo de máxima dirección en partidos políticos en el ámbito estatal, autonómico, provincial y local; Ostentar cargo directivo o de responsabilidad en otra organización de consumidores; Ostentar cargos de dirección en organizaciones empresariales de ámbito estatal, autonómico, provincial o municipal.
En 2023 podemos afirmar que la organización FACUA es una organización de consumidores que está implantada en toda España, que forma parte de Consumers International y que cuenta con unos 250.000 asociados, de los que más de 50.000 son de pleno derecho que aportan una cuota anual. FACUA está organizada en todas las regiones o comunidades autónomas, además de las ciudades de Ceuta y Melilla que están en el norte de África. FACUA está hoy formada por 17 asociaciones territoriales (Una federación en Andalucía con 8 asociaciones provinciales, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura y Euskadi, y Delegaciones en Aragón, Cantabria, La Rioja, Navarra, Murcia, Baleares y Canarias). Para conocer más ampliamente las actividades y la estructura de FACUA, se puede acceder a su sitio en Internet: www.facua.org.
Paco Sánchez Legrán
Presidente de la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible.
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