En el sistema capitalista el consumo es una expresión más de la democracia y de la libertad personal. Un sistema que identifica al consumidor con un ser autónomo y libre que elige un producto, que compra y vota, si bien promoviendo con mucho más énfasis y asiduidad lo primero que lo segundo. Para esta Europa capitalista, aumentar las ofertas de consumo fomenta la libertad del consumidor y lo “empodera”, término tan de moda en estos tiempos como vacío de contenido. Es la «ciudadanía económica«, aquella que tiene capacidad de compra y por ello tiene derechos.
En este sistema que Europa representa, solo el que consume es realmente un ciudadano. Si compras tienes derechos, pero si careces de capacidad económica serás un nadie. Uno de esos nadies tan ilustrativamente descrito por Eduardo Galeano:
Los nadies: los hijos de nadie.
Los dueños de nada.
Los nadie: los ningunos, los ninguneados,
Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos,
Rejodidos.
Que millones de familias son nadies para esta Unión Europea (UE) lo vemos día a día en muchos ejemplos y, entre ellos, en el tratamiento que, desde las instituciones europeas, y los gobiernos nacionales que las sustentan, le está dando al grave problema de la exclusión energética. El empobrecimiento de millones de familias en estos años de crisis-estafa mientras que, casi en paralelo, se desarrollaban e impulsaban los procesos de privatización-liberalización de servicios esenciales como la luz o el gas, han dado como resultado que a día de hoy millones de personas en España tengan dificultad para poder hacer frente al pago del recibo de la luz.
A mediados de los 90, la Unión Europea hace suyo el objetivo de crear un mercado único de la energía y publica las primeras Directivas para la liberalización del sector eléctrico y gasista. Se admite políticamente en Europa que la liberalización de las actividades de generación y comercialización en estos sectores será una manera de impulsar las economías, crear nuevos negocios, avanzar hacia una gestión eficiente de las empresas, mejorar los precios y la calidad de los servicios, promover un consumo más eficiente y avanzar en progreso social. A la ciudadanía se nos situó al margen de dichas decisiones y el proceso de privatización y liberalización se puso en marcha en España sin la existencia de un marco de participación ciudadana y sin debate social alguno.
A los consumidores, como en otros muchos asuntos, se nos situó como objetivo principal de la reforma, como beneficiarios indiscutibles de estos procesos que han supuesto la eliminación de servicios públicos y que nos han tratado como presas de unos mercados voraces. La realidad ha sido tozuda: la liberalización de servicios públicos como la electricidad ha conllevado restricciones y limitaciones de accesibilidad, aumento de los precios y un empeoramiento de la calidad. Servicios que deben prestarse a los ciudadanos bajo una concepción de universalidad, con garantías de seguridad, accesibilidad y respecto de los derechos de los usuarios, están generando situaciones de desequilibrio, desprotección y exclusión.
El recibo de la luz encadena años de subida sin que se aborden por parte del gobierno medidas para combatir la situación de pobreza energética que sufren millones de familias. España carece de una auténtica tarifa social para colectivos vulnerables y ninguna norma restringe en periodos climáticos críticos la facultad de las eléctricas de cortar el suministro ante posibles impagos. Los sucesivos cambios regulatorios enterraron la concepción del suministro eléctrico como servicio público esencial y las obligaciones sociales que ello conlleva. La factura sigue subiendo, en un mercado controlado por un oligopolio preocupado por incrementar beneficios y repartir beneficios a sus accionistas a costa de un servicio básico y esencial mientras España, y Europa, se olvida de los objetivos que dijo tener para imponernos unas políticas diseñadas por unos sujetos que igual se sientan en consejos de ministros que en consejos de dirección de las eléctricas.
La clave está en elegir, nos dijeron, y la ley de 1997 del Sector Eléctrico recogía expresamente los principios de libertad de contratación y de elección de suministrador, porque en ellos estaba la clave del progreso. El mito de la libertad de elección que encumbra este sistema capitalista, considerando que es la varita mágica que convierte en oro todo lo que toca.
Millones de usuarios en España han cambiado de empresa eléctrica en estos años, han elegido y contratado la luz con una empresa comercializadora en condiciones de mercado libre, al margen del precio regulado y con condiciones generales de la contratación pactadas entre el cliente y la empresa. Los cambios han supuesto precios más altos, pérdida del bono social, peores condiciones regulatorias y más desprotección de sus derechos, pero han sido libres de elegir. Hoy, junto con los precios, los fraudes en la contratación son un problema que motiva miles de reclamaciones al año. ¿Este es el progreso de Europa?
Christos Papoutsi, comisario europeo de Energía en el periodo 1995-1999, años clave del impulso de la privatización y la liberalización del sector eléctrico. dijo expresamente en 1999:
“Cuando pienso en el progreso que ha experimentado el sector eléctrico desde la adopción en el año 1996 de la Directiva sobre el mercado único de la electricidad y la velocidad con que este progreso ha tenido lugar, creo que la Comisión y los Estados miembros tienen mucho de que enorgullecerse.
Todos los Estados miembros han perseguido enfoques que garanticen la prestación, e incluso la mejora, de estos servicios fundamentales en condiciones competitivas. En mi opinión se trata de uno de los elementos más gratificantes de este proceso. La creación de un mercado único de electricidad no consiste solo en la bajada de los precios; consiste también, o incluso más bien, en la mejora del servicio y en la protección de nuestros intereses por parte de la industria eléctrica, asegurando, por ejemplo, que las obligaciones de suministro universal y la protección de los más débiles continúan. Estos asuntos se han tratado y se seguirán tratando en el contexto de la Directiva.
Los ciudadanos europeos empezarán ahora a percibir los beneficios: precios más bajos para la electricidad (no solo en la industria sino también en los hogares), mayor uso de las fuentes de energía renovables y mejor servicio. Se trata de un proceso que no ha hecho más que empezar y que debemos perseguir con más ímpetu.”
Hoy, más de 20 años después y tras tres paquetes de Directivas mediante, el Parlamento Europeo reconoce altos niveles de concentración del mercado, precios altos de la energía eléctrica y bajos niveles de la satisfacción de los consumidores.
Europa debe revisar con urgencia su política energética y debe empezar a trabajar en beneficio de los ciudadanos y no para las empresas del sector. No habrá progreso social si los consumidores y la ciudadanía en general no son el principal sujeto beneficiario de las políticas energéticas y Europa ha trabajado hasta ahora por el negocio y no por el progreso, tolerando el fraude y olvidando a los consumidores vulnerables. No habrá progreso social si Europa no trabaja por mitigar la pobreza y por garantizar el acceso a unos servicios básicos esenciales. No habrá progreso social si Europa sigue empeñada en mirar para otro lado, si sigue sin reconocer los derechos de millones de nadies, seres humanos con derechos a los que hasta ahora sólo ofrece caridad.
El acceso a una energía asequible es un derecho social fundamental y para la UE y los gobiernos nacionales debería ser una prioridad atajar la pobreza energética.
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Olga Ruiz Legido. Secretaria General FACUA y Licenciada en Derecho