El 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente, nos llama una vez más a la reflexión sobre las causas estructurales de la actual crisis ambiental global y sus principales responsables, y sobre el papel que deben jugar la política pública y la participación de los movimientos sociales en la definición de las respuestas a la crisis.

Habiendo transcurrido 50 años desde la fundación de Amigos de la Tierra Internacional, federación de la que formamos parte y que ha jugado un papel protagónico a nivel internacional en la denuncia y propuesta de soluciones, y 49 años de la Conferencia de Estocolmo, que marcó un hito por ser la primera instancia multilateral que reconoció la necesidad de abordar la degradación ambiental, asistimos a una disputa que tiene enormes implicancias en un contexto de profundización de la crisis socioecológica global. Dicha disputa se manifiesta a nivel global, pero también a nivel regional y nacional.

Por un lado, promovida por los movimientos sociales de todo el mundo, se ha consolidado la aproximación a lo ambiental desde la perspectiva de la justicia. Esto implica garantizar la sustentabilidad de la vida y el cuidado de la naturaleza, la equidad y la realización de derechos fundamentales para una vida digna y saludable. Ello conlleva revertir la creciente apropiación de la naturaleza por empresas transnacionales y el acceso desigual a los bienes naturales, que afecta principalmente a los países del sur del mundo y a la población más empobrecida. Esa perspectiva de justicia se ha plasmado, por ejemplo, en las reivindicaciones y movilizaciones por la justicia climática, que en los últimos años fueron protagonizadas por jóvenes que se volcaron masivamente a las calles. Asimismo, está en la base de las propuestas de soberanía alimentaria y de gestión colectiva o comunitaria de la biodiversidad, así como en las luchas en defensa del agua.

La justicia ambiental, social, económica y de género es un pilar fundamental de las demandas de los movimientos sociales y los pueblos indígenas que alzan sus voces en las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Convenio de Biodiversidad, para exigir decisiones políticas urgentes que den respuesta al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y denunciar los impactos negativos de la economía verde y los mecanismos de mercado que en nada contribuyen a eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero o a detener la deforestación.

También en el ámbito de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura el movimiento campesino, de la pesca artesanal, por la justicia ambiental y otros han logrado que se abra una línea de trabajo sobre agroecología que reconoce el papel central de la agricultura familiar, campesina e indígena y de las mujeres en la producción de alimentos, así como la importancia de los conocimientos de los pueblos.

En esos mismos foros internacionales, y en contraposición a lo anterior, se pretende imponer una concepción de lo ambiental permeada por la lógica de mercado que asigna un papel central al sector privado y es funcional a los intereses de las empresas transnacionales, incluyendo las del sector financiero. Se trata de una visión que conlleva un enfoque reduccionista, que convierte a la naturaleza en unidades transables en el mercado. El comercio de permisos de emisión o bonos de carbono, los proyectos para compensar en un lugar la destrucción de la biodiversidad en otro lugar y la transformación de los procesos naturales en servicios ecosistémicos son ejemplos de los intentos de mercantilización de la naturaleza y de dar continuidad a la acumulación de capital y las actividades económicas que provocan la crisis ambiental, al tiempo que se las maquilla de verde. Las tentativas de maquillar de verde un modelo de producción profundamente contaminante y destructivo también se expresan en propuestas como la intensificación agrícola sostenible y la agricultura climáticamente inteligente.

Las empresas transnacionales están empeñadas en impedir que avancen las políticas públicas que promuevan una transformación radical del sistema energético y alimentario y que regulen sus actividades y limiten su capacidad destructiva. Además, ven la crisis como una oportunidad de negocio, y es por eso que buscan avanzar en la mercantilización de la naturaleza y en la adopción de cambios tecnológicos que les permitan mantener e incrementar el control sobre la naturaleza y la tasa de ganancias. Con ese objetivo, despliegan estrategias y acciones de cabildeo para cooptar los foros y procesos de toma de decisiones.

Lamentablemente, en varios países de la región, y en el nuestro en particular, parece prevalecer la lógica neoliberal que asigna un papel central al sector privado en la acción ambiental, en detrimento de la política pública diseñada para proteger los bienes comunes y garantizar que estos sean utilizados con un criterio de equidad, respetando los sistemas y ciclos ecológicos y priorizando la realización de los derechos del conjunto de la población.

En un contexto en que la pandemia ha hecho manifiesta la necesidad de un rol más protagónico del Estado para proteger la vida y garantizar la justicia, y en que los impactos de la crisis climática y de la biodiversidad se hacen más evidentes, se insiste en seguir transitando por la senda neoliberal que está en la raíz de la problemática actual.

En nuestro país existen diversas manifestaciones del avance de la lógica neoliberal en materia ambiental, del debilitamiento de lo público y del papel del Estado como garante de derechos, y de la decisión de privilegiar los intereses del sector privado, que repercutirán en la gestión pública del agua y sus territorios, la soberanía alimentaria, la agroecología y la biodiversidad.

Es así que hoy nos enfrentamos a un nuevo intento de avanzar en la participación del sector privado en la gestión y el servicio de agua potable, en clara violación de la reforma constitucional de 2004, que consagró el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental y dispuso que los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento deben ser prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Se trata de dos proyectos de inversión privada amparados en la ley 17.555 de 2002: la construcción de una planta de tratamiento de lodos en Aguas Corrientes, y la construcción de una planta de potabilización de agua extraída del Río de la Plata, y la infraestructura asociada, en el marco del Proyecto Neptuno.

Por otra parte, dos nuevos eventos transgénicos en soja y dos en maíz aprobados en diciembre de 2020 expondrán más aún a nuestra población a los impactos de los agrotóxicos en la salud y la contaminación del agua, amenazarán el derecho a producir en forma agroecológica, y en el caso del maíz, pondrán en mayor riesgo a las variedades criollas frente a la contaminación transgénica. Estos hechos son una muestra más del poder que ejercen las empresas del agronegocio.

Incluso el Plan Nacional de Agroecología (PNA), resultado de la Ley 17.989 impulsada por las organizaciones sociales y elaborado mediante un proceso participativo, hoy está en riesgo y amenazado por un proceso de cooptación empresarial de la agroecología, que pretende desvirtuarla y reducirla a una serie de prácticas que disminuyan algunos de los impactos ambientales de la producción agropecuaria industrial, sin cuestionar el modelo profundamente injusto del agronegocio y sus monocultivos. Desde el gobierno se cuestiona el análisis crítico del modelo agroindustrial dominante y el énfasis en la producción agropecuaria familiar contenidos en el PNA. Esgrimiendo la necesidad de una agroecología inclusiva, se pretende que el PNA contribuya al fortalecimiento del sector agroexportador, contradiciendo la ley que le dio origen.

Próximamente se tomarán decisiones que podrían impactar fuertemente en la matriz energética y en el cambio climático. En un contexto en que se ha tornado cada vez más evidente la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, es fundamental fortalecer la política pública de cara a continuar profundizando la transformación de la matriz energética, asignando un papel central a las empresas públicas. En ese marco urge mantener la prohibición de la fractura hidráulica establecida en la Ley 19.585, de 2017.

Una propuesta que podría contribuir a disminuir la degradación ambiental es la ley forestal que pretende limitar la forestación a las áreas declaradas de prioridad forestal y hoy tiene media sanción. Dicho proyecto de ley ha sido cuestionado por el lobby forestal, que incluso ha hecho sentir su presión manifestando que generará perjuicios económicos y afectará la seguridad jurídica del país. Estas amenazas encubiertas son típicas de actores empresariales y conforman parte de sus estrategias para presionar al Estado e impedir avances en la legislación ambiental. Considerando los impactos del modelo forestal celulósico en las cuencas hidrográficas y la biodiversidad, la concentración de la tierra y la pérdida de sistemas de producción de alimentos, deberían prevalecer las decisiones democráticas en función del bien común por sobre los intereses privados.

La amenaza de debilitamiento de la política y legislación ambiental se impone también mediante los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión (TBI), que minan el margen de maniobra de los estados para definir y aplicar políticas públicas ambientales y de desarrollo soberanas que permitan revertir la primarización de la economía y promuevan la transición justa, la soberanía alimentaria y la protección de la biodiversidad. El Acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur, que está en la etapa final de negociación, beneficia al agronegocio y atenta contra la soberanía alimentaria y la diversificación de la matriz productiva para un desarrollo con justicia social y ambiental. En este momento, la UE intenta maquillarlo de verde con un protocolo ambiental, para evitar las fuertes críticas que ha generado la negociación con el gobierno neofascista de Jair Bolsonaro, que viola constantemente los derechos humanos, persigue a los movimientos sociales, pueblos indígenas y comunidades quilombolas (afrodescendientes), que ha desmantelado la política ambiental para impulsar la explotación minera y el agronegocio, y está destruyendo la Amazonía.

Respecto de la política de inversiones, preocupa qué posición asumirá el gobierno frente a futuras amenazas y demandas de empresas transnacionales en tribunales arbitrales internacionales amparándose en el mecanismo de resolución de disputas inversionista-Estado presente en los TBI. En ese sentido es muy preocupante haber cedido a las amenazas de una empresa como Katoen Natie, ya que ello genera un precedente peligroso que profundiza el secretismo, la falta de transparencia y la discrecionalidad en decisiones estratégicas sobre la gestión de recursos imprescindibles para la inserción internacional, como el puerto de Montevideo. Mañana bien podría ser que una empresa transnacional impugne leyes como la ley forestal antes mencionada.

Hoy vemos cómo en Chile, país que fue colocado como un modelo por varios actores políticos, el pueblo ha logrado una gran victoria contra la constitución pinochetista, pilar fundamental del modelo neoliberal que se impuso mediante el terror. En la crítica de los movimientos sociales al neoliberalismo, la agenda de la justicia ambiental ocupa un papel importante. Los cambios son posibles.

Impedir la cooptación de lo ambiental por la agenda neoliberal y reafirmar la centralidad de la justicia no sólo es estratégico sino imprescindible.

Karin Nansen 

Coordinadora de Redes – Amigos de la Tierra Uruguay

Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional (Artículo publicado en La Diaria-Uruguay)

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