La crisis económica y social, acentuada por la pandemia del coronavirus, ha empeorado la situación de una parte importante de los brasileños. El fantasma de la inflación, que aterrorizó a la población hasta la llegada, en 1994, del Plan Real ha vuelto a golpear en todo el país en los últimos años.
Una investigación de Datafolha, publicada por el diario Folha de S. Paulo, señala que siete de cada 10 brasileños buscan productos más baratos de otras marcas, comprando incluso alimentos de inferior calidad, que están próximos a vencer o fuera de los patrones establecidos.
La pandemia llegó a Brasil a principios de 2020, cuando el país ya tenía acumulado varios años de recesión o estancamiento económico. Esto es especialmente negativo, porque Brasil tiene una de las mayores concentraciones de ingresos del mundo. Este cuadro, a su vez, parte de hechos históricos, como ser uno de los últimos países del mundo en promover la abolición de la esclavitud, en 1888.
No existía ningún tipo de programa de apoyo a ex esclavos, procedentes de países africanos o hijos de esclavos.
En la investigación antes mencionada, el 23% de los entrevistados dijo comprar fiambres y quesos en retazos y frijoles partidos. Y el 20% señaló que consume la piel y otras partes normalmente descartadas de pollo y res. Durante la pandemia, se informó que algunas carnicerías estarían vendiendo huesos de primera y segunda clase, una clasificación que anteriormente solo se usaba para cortes de carne.
Más recientemente, la leche se ha vuelto mucho más cara y la gente ha empezado a consumir suero de la leche o productos elaborados con él. Uno de cada tres brasileños admitió no tener suficiente comida en casa. Considerando que somos más de 216 millones de habitantes, la población que se alimenta mal y menos de lo necesario estaría cerca de los 70 millones de personas.
Cuando el distanciamiento social se hizo inevitable por el avance del Covid-19, organizaciones sociales y políticos defendieron el otorgamiento de ayudas económicas a las familias más vulnerables, que dependían del trabajo informal o mal remunerado. Esta ayuda tomó mucho tiempo y solo se otorgó después de la presión del parlamento.
La ayuda fue muy importante, pero el alza de los precios de las materias primas, los principales productos exportados por el país, dificultó la compra de alimentos como el arroz, la carne, el aceite de soja y el azúcar. Al mismo tiempo, el gas domiciliario se volvió extremadamente caro, lo que llevó a las personas con menos recursos a usar sustitutos para cocinar, como es el caso de la leña. También se recurrió con más frecuencia al horno de microondas para cocinar los alimentos, aunque la electricidad también elevó su costo.
Con el regreso a la vida presencial, se esperaba que la economía volviera a crecer, con la creación de empleos y mayores ingresos. Pero como consecuencia de la inflación, el Consejo de Política Monetaria (Copom) del Banco Central ha estado subiendo las tasas de interés, un factor inhibidor del crecimiento económico.
Hay un segundo proceso que perjudica la recuperación económica y del empleo: la aguda desindustrialización. En febrero de 2022, los ingresos de la industria cayeron un 22,5% desde el pico registrado en 2013, e Indirectamente esto se refleja en los niveles de consumo.
También impacta en las relaciones sociales, porque en la industria casi todos los puestos de trabajo son formales, con registro formal y beneficios previstos por ley, como el 13° sueldo y vacaciones pagas. También existe el Fondo de Garantía, que contribuye para la adquisición de inmuebles con financiamiento público o privado, especialmente dirigido a retirados a jubilados o a personas con enfermedades muy graves, como el cáncer.
Con el desempleo, la casi eliminación del trabajo informal, el aplastamiento de los sueldos y la alta inflación es lógico que el consumo también cayera en las distintas capas de la clase media. Esta situación se ve agravada por el hecho de que la tabla del Impuesto a la Renta no se ajusta de acuerdo a la inflación desde hace varios años. Desde 1996 hasta junio de 2022, este retraso supera el 147%.
Es decir, se realizó una fuga de impuestos a lo largo del período, por parte de varios gobiernos, para ayudar a pagar el déficit público, sacando dinero del bolsillo del consumidor, que compra menos productos y de menor calidad.
Hay problemas mucho más serios. Según algunos estudios, más de 33 millones de brasileños pasan hambre, un paso atrás en relación con los últimos años, cuando los programas sociales tenían un gran impacto en la reducción de la pobreza absoluta.
Casi al final del mandato del actual gobierno, se tomaron algunas medidas, acusadas de herramientas electorales, como elevar el valor de Auxilio Brasil (que reemplaza la Bolsa Familia), obligando a los diferentes estados de la Federación a bajar el impuesto estatal de los combustibles y pagando una ayuda a los camioneros.
Por otro parte, no hubo ninguna iniciativa relacionada con la seguridad alimentaria para garantizar a los sectores más desposeídos el acceso a una alimentación adecuada.
Los comerciantes intentaron adaptarse a la crisis y la falta de ingresos familiares. Los puestos del mercado venden tomates, frutas y otros productos hortigranjeros por unidades. Los carniceros elaboran kits con diferentes tipos de cortes y carnes, para que el precio sea más accesible al poder adquisitivo de los consumidores.
Las ofertas por retazos de queso, jamón, mortadela; de huesos con más o menos carne; de frijoles y arroz con granos quebrados, y de suero de leche se multiplican diariamente. Muy pocas familias aún eligen productos porque confían en la marca. El precio define la compra.
Obviamente, en tal escenario, los derechos del consumidor se ven afectados. Como sabemos, ya en el período inicial de la pandemia los consumidores se vieron enfrentados a muchos y variados problemas.
Un ejemplo fue el de los múltiples inconvenientes surgidos con la suspensión de los vuelos. La Ley 14.034 determinó que las aerolíneas debían garantizar un nuevo boleto por un plazo de 18 meses a partir de la fecha original del vuelo, sin cobrar multa, o garantizar el reembolso del valor del boleto en un plazo de 12 meses, pero con el cobro de las multas previstas en contrato. Esta regla se ha extendido hasta finales de 2021.
Huelga decir que los pasajeros sufrieron pérdidas considerables, por ejemplo, en paquetes turísticos. Muchas veces tuvieron que aceptar propuestas de agencias de viajes para visitar otros destinos con el fin de recuperar lo que había pago por adelantado.
En este año 2022 comienzan a normalizarse diferentes actividades con una modalidad generalmente mixta (presencial y home office). Sin embargo, diferentes factores como la invasión de Rusia a Ucrania, las sanciones impuestas a la economía rusa, el regreso de la inflación y algunos brotes de COVID, debido
a nuevas cepas del virus, han impedido que el crecimiento sea consistente y constante.
Los consumidores son más cautelosos, porque el aumento de las tasas de interés puede conducir a un sobreendeudamiento. Casi ocho de cada 10 familias tienen cuentas atrasadas, lo cual constituyen niveles record de deuda.
Hay también algunas buenas noticias, como es el caso de la Ley de Sobreendeudamiento, que rige desde hace un año, y que creó instrumentos para contener los abusos en la oferta de crédito, y la posibilidad de que el deudor solicite al Poder Judicial iniciar un proceso. revisar los contratos, con presentación de un plan de pago.
Otro avance fue la entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD) en septiembre de 2020, en medio de la pandemia.
Otro evento importante para las relaciones con los consumidores fue el inicio de la operación de la tecnología 5G en Brasil. Para fines de septiembre de 2022, debería estar disponible en todas las capitales. Sin embargo, hemos recomendado precaución, ya que el acceso aún está muy localizado y los precios de los dispositivos que funcionan con 5G son muy altos.
Brasil cuenta con un excelente marco legal para la protección de los derechos de los consumidores. El Código de Defensa del Consumidor (CDC) es una de las mejores legislaciones en la materia en todo el mundo. Con 31 años de existencia, es respetado, aunque todavía aparece vulnerado por diferentes prácticas abusivas.
La Ley SAC (Atención al Cliente), reglamentada inicialmente en 2008, fue reformada en abril de 2022. En este caso, con un enfoque de atención multicanal, considerando redes sociales y nuevas formas de acceso al proveedor. Sin embargo, los consumidores e ven perjudicados, porque se elimina, en el menú, la obligación expresa de hablar directamente con el responsable.
El tiempo de servicio para los sectores regulados (telecomunicaciones, energía, petróleo, seguros, minería, etc.), que en todos los casos fue de 60 segundos, quedará a criterio de cada ramo. La nueva ley tampoco innovó en medidas para que el cliente confíe en acudir al Servicio de Atención al Cliente de la empresa, en lugar de buscar una solución directamente en organismo de protección del consumidor, lo que provoca una sobredemanda hacia estos organismos.
En el área de telecomunicaciones, algunas medidas han mejorado la vida de los ciudadanos, como el uso obligatorio del prefijo 0303 para llamadas de telemercadeo. De esta forma, el consumidor conoce el origen de la llamada, pudiendo optar por no contestarla. Sin embargo, Robocall, una llamada hecha por robots con mensajes grabados, enviados a teléfonos inteligentes, todavía hace que la vida de los brasileños sea un infierno. Esto se utiliza para eludir la legislación.
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) ha tomado medidas tarifarias para dificultar que se realicen llamadas utilizando robots, pero aún se está lejos de prevenir este tipo de acoso comercial. Hay que tener en cuenta que Brasil es el segundo país del mundo en número en llamadas automáticas.
El 6 de junio se publicó la última medida cautelar de Anatel, que establece la suspensión de los servicios para las empresas que realicen más de 100.000 llamadas por día con una duración inferior a tres segundos.
El 18 de julio, el Ministerio de Justicia anunció la suspensión indefinida de actividades de 180 empresas de telemercadeo. Las multas para las empresas que violen la norma será de R$ 1 mil (US$ 189, al precio de principios de agosto).
Finalmente, el consumidor brasileño enfrenta una serie de desafíos, que se pueden resumir en estos temas:
- Inseguridad alimentaria;
- Desempleo todavía alto;
- Baja oferta de vacantes formales con derechos laborales;
- Alta carga tributaria y fiscal;
- Altas tasas de interés;
- Tabla de Impuesto a la Renta sin corrección por inflación;
- Falta de legislación que regule el comercio electrónico;
- Saturación causada por llamadas de telemercadeo no deseadas, especialmente robocall.
Existe la expectativa que después de las elecciones presidenciales se produzca un cambio total en la gestión pública, lo que generará empleos formales, mejorará los ingresos y promoverá la seguridad alimentaria.
También tenemos grandes expectativas en las relaciones diplomáticas para acercarnos a los países de habla portuguesa para intercambiar experiencias, tecnologías y cultura.
Con más de 216 millones de habitantes y 8,5 millones de kilómetros cuadrados, Brasil es el mayor productor mundial de café, soja, jugo de naranja y azúcar; el segundo más grande en carne de res y tercero en pollo, leche y frutas. Es el cuarto mayor exportador de productos agrícolas del mundo.
Brasil también se destaca en salud: tiene el octavo mercado más grande a nivel mundial, el sexto más grande en productos farmacéuticos y el tercero más grande en salud privada. El mercado de Tecnologías de la Información es el noveno más grande del mundo, con un crecimiento estimado de 14,3% este año, mientras que a escala global se espera que crezca 6,4%. Solo para cubrir las vacantes en el aérea de las Tecnologías de la Información, el país deberá contratar 797 mil profesionales para 2025.
Por lo tanto, hay horizontes para volver a un crecimiento continuo, con generación de empleo y mejores rentas. Además, no olvidemos el mercado ambiental, que podría avanzar enormemente si la política ambiental para los biomas brasileños, principalmente Amazonía y Cerrado, se modifica drásticamente, con un enfoque de preservación y desarrollo sostenible.
El presente es muy malo, pero el futuro puede ser mucho mejor.
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María Inés Dolci. Abogada, Profesora Especialista en Derecho del Consumidor. Graduada en Business Law por la Coral Gables University –Estados Unidos. Presidenta de CONSUMARE, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores de Lengua portuguesa y países miembros de la Comunidad de países de Lengua Portuguesa (CPLP)