En estos momentos la humanidad vive tiempos convulsos y complejos; se observa una mayor polarización en los países, resurgimiento de conflictos entre naciones, tendencia de retroceso en el respeto a derechos humanos básicos, deterioro y empeoramiento de indicadores socio económicos imprescindibles para alcanzar una mínima convivencia humana, por citar solo algunos acontecimientos.
También estos son tiempos de vertiginosos avances tecnológicos, por ejemplo, en las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la irrupción de la inteligencia artificial; es una época de mayor incremento de la riqueza en algunos países y grupos poblacionales, la permanencia del consumo impulsivo y el consumo derrochador, que contrastan radicalmente con el hambre y la pobreza en muchos países y en amplios sectores poblaciones, y como telón de fondo se encuentra la crisis climática, que no hace más que empeorar.
Los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fueron aprobados en 2015 como manifestación de una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro, convocando a la sociedad a cambiar el estilo de desarrollo.
En 2023 se cumplió la mitad del plazo previsto para la implementación de la Agenda 2030, hecho generador de una iniciativa de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable (FCCR), dirigida a monitorear el comportamiento de las metas de los ODS más relacionados con el interés de las y los consumidores latinoamericanos y caribeños.
Uno de los compromisos de la comunidad internacional en esta Agenda es la erradicación de la pobreza extrema, pero la región en los últimos años muestra una tendencia en sentido contrario, ya que este indicador ha pasado del 8,7% en 2015 al 11,2% en 2022, afectando más a las mujeres que a los hombres. Tampoco es alentador el dato de pobreza en todas sus dimensiones, que en este tiempo se mantuvo rondando el 29%. La pobreza es más alta en Honduras, Colombia, El Salvador y Bolivia.
La Agenda 2030 se obligó a acabar con el hambre y alcanzar la seguridad alimentaria, sin embargo, el primero de los flagelos empeoró en la mitad de los países, y en más de un tercio de éstos, el hambre afecta a entre el 10% y el 50% de la población; por su parte, la inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó en dos tercios de los territorios y en 19 de 24 países afecta a entre el 20% y el 83% de la población.
Para indagar sobre algunas posibles causas de lo anterior, se ha analizado el comportamiento del costo de la dieta saludable y de la Canasta Básica Alimentaria; entre 2017 y 2022, el primer indicador incrementó en 31 países (alzas entre el 19,44% en Guyana y el 45,42% en Colombia), provocando que la dieta saludable en la región sea más cara que el promedio mundial. En el caso de la Canasta Básica Alimentaria per cápita, ésta aumentó en los 14 países analizados, con alzas que van desde el 10,78% en Ecuador hasta el 68,04% en México.
Aunque se vea paradójico, el anterior panorama coexiste el desperdicio de alimentos en los hogares, el cuál incrementó en 29 de los 31 países entre 2019 y 2022. El mayor desperdicio se encuentra en México, Panamá y República Dominicana con hasta 160 kilogramos per cápita por año y el menor desperdicio se reporta en Belice y Colombia. El hambre que sufren 43,2 millones de personas en la región y la inseguridad alimentaria moderada o grave que afecta a 159 millones personas, convive con un desperdicio de alimentos, que según Naciones Unidas equivale a 220 millones de toneladas de alimentos por año.
Los ODS incluyen compromisos de acceso universal a los servicios esenciales de agua potable y saneamiento, electricidad e Internet. Al alcanzarse la mitad del plazo para su cumplimiento, entre 2015 y 2022, se ha mantenido en un 75% el promedio regional de la población que utiliza servicios de agua potable gestionados sin riesgos, pero la mitad de los países reportan déficit de cobertura entre el 26% y el 57%. El mismo período, la cobertura de saneamiento gestionado sin riesgo muestra una leve mejora del 42% al 49%.
En el mismo lapso de tiempo, la cobertura del servicio de electricidad residencial subió del 94,7% al 95,8%, pero en la zona rural es un poco menor (90,3% en 2022). En relación al costo de la electricidad residencial, este subió en 10 de los 18 países analizados, con alzas que llegan hasta el 44% en Honduras.
Respecto al servicio de Internet en los hogares o a través de dispositivos móviles, es positivo advertir que en este período, en su orden, han aumentado cobertura en 27 y 37 puntos porcentuales, alcanzando cifras de acceso del 70% en Internet residencial y 96% de conexión a banda ancha móvil. Aun así, cerca de una cuarta parte de los países tienen a más de 50% de los hogares sin acceso a Internet residencial y cobertura de banda ancha móvil abajo del 70%. En cuanto a calidad del Internet, de los 50 países con mayor velocidad en el mundo, de la región sólo aparecen Uruguay y Brasil en Internet con dispositivos móviles, y en Internet con banda ancha fija sólo destacan Chile, Panamá, Brasil, Uruguay, Trinidad y Tobago, Colombia, y Perú.
La agenda 2030 plantea también la creación de puestos de trabajo decentes, que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) trata del trabajo productivo, en el cual se protegen los derechos, genera ingresos adecuados y cuenta con una protección social apropiada. En el otro lado de la moneda se encuentra el empleo informal, que es todo trabajo remunerado que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos (OIT). La revisión de los datos sobre el empleo informal entre 2015 y 2021, muestran una leve disminución desde el 54,52% al 53,49%, pero 11 de los 17 países tienen una tasa que ronda entre el 50% y el 80%.
Al revisar el comportamiento de los salarios mínimos nominales se establece que, entre enero 2015 y enero 2024, su equivalente en dólares estadounidenses aumentó en 14 de 17 países; Brasil, Paraguay y Argentina son los lugares en donde disminuyó la remuneración mínima. A pesar que la mayor parte de países han incrementado los salarios mínimos nominales, un cálculo de la OIT hasta el 2022, concluye que los salarios mínimos reales (obtenidos al descontar el efecto de la inflación), en 11 de los 16 países aún no lograban recuperar el poder adquisitivo alcanzado previo a la pandemia COVID 19; siendo más grave los casos de Perú, Paraguay y Guatemala, cuyos salarios reales del 2022 tenían un menor poder de compra que los del 2012.
Finalmente, los ODS plantean el logro progresivo de una mayor igualdad. Para analizar este tema se considera la distribución del ingreso a través del Coeficiente de Gini, según el cual un valor de “cero” equivale a igualdad absoluta y un valor de “uno” representa absoluta desigualdad. Los datos revelan que la alta desigualdad sigue siendo una característica importante de esta región, ya que entre 2015 y 2022, el Coeficiente de Gini apenas bajó de 0,47 a 0,45 y en los 4 países con mayor nivel de desigualdad, la distribución del ingreso ha empeorado más (Honduras y Colombia) o la desigualdad se mantiene en el mismo nivel (Brasil y Panamá).
Luego de este monitoreo, queda claro el riesgo de incumplimiento que muestra la mayor parte de las metas de la Agenda 2030 más relacionadas con el interés de las y los consumidores en América Latina y El Caribe, región en dónde el mercado, como vertebrador del comercio y el consumo, continúa su marcha imparable, llevándose a veces por delante los derechos de la gente.
Algunos intentarán explicar este balance poco esperanzador, descargando responsabilidades en los efectos de la COVID 19 y no se puede negar que la pandemia ha dificultado más el avance de estas metas; otros dirán que esto es una muestra del fracaso del multilateralismo y se puede aceptar que la ineficiencia a veces acompaña a la burocracia diplomática internacional, pero eso no es la causa principal de las amenazas que se ciernen sobre la especie humana y el planeta en este momento.
Este panorama retador tiene profundas causas; algunas emergen del comportamiento de las personas y otras del desempeño de los sistemas socio políticos creados a lo largo de los años. Estamos pues ante la confluencia de eventos diversos como: el auge del individualismo extremo en casi todos los ámbitos de la vida, que conspira en contra de la búsqueda del bien común; la creciente deshumanización en todas las actividades de la vida; el reforzamiento de la ambición desmedida por la acumulación de riqueza, sin importar su costo humano, social o ambiental; el deterioro de frágiles sistemas democráticos construidos con gran sacrificio colectivo; la reaparición del autoritarismo; el debilitamiento del tejido social y de la actividad comunitaria; entre muchos otros.
La gente debería darse cuenta que el rumbo que lleva actualmente la humanidad no conduce a un futuro prometedor, por lo que la reacción y participación de la ciudadanía (en forma individual o colectiva, presencial o digital, etc.) será determinante para corregir el camino, buscando mayor progreso, dignidad e igualdad para las personas. “Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos» (Martin Luther King Jr).
Armando Flores
Profesional salvadoreño, integrante del grupo coordinador de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, ex director del Centro para la Defensa del Consumidor, ex presidente de la Defensoría del Consumidor y ex ministro de economía de El Salvador.
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Para conocer el análisis y estadística completa sobre este tema, a través de este link https://bit.ly/EstudioAgenda2030 se puede leer y descargar el estudio de la FCCR titulado: “Agenda 2030 y los consumidores latinoamericanos. ¿Se están cumpliendo las metas?”.