Tratar de proyectar una caracterización de las migraciones en el mundo actual cada vez más globalizado y a la vez más atomizado es una tarea gigante, ya que hay que incorporar a la reflexión a los diversos actores y partícipes de estos procesos, por eso nos interesa que, hablando del proceso migratorio, también detengamos la mirada en el migrante y las familias migrantes como consumidores y cómo se defienden específicamente sus derechos. Acerca de esto, escribimos el artículo “Movilidad humana y derechos del consumidor”, en este Blog en diciembre del 2021. Ahora entregamos algunos elementos de contexto que son necesarios para continuar nuestra reflexión sobre este importante tema.
En los últimos años, la migración intrarregional ha adquirido una relevancia antes desconocida. La progresión del proceso migratorio en Sudamérica, para un futuro de cercano y mediano plazo, dependerá de los factores propiamente migratorios, como de la situación política, económica y social en los países de la región, especialmente en los países que originan emigración, y de las restricciones o apertura de las fronteras interestatales para la circulación de las personas.
Es altamente previsible que se mantengan las dificultades en la situación económica de la región, principalmente en términos de crecimiento, de empleo y de impacto sobre los segmentos más vulnerables y perjudicados de cada país, factores que continuarán siendo uno de los elementos principales de estimulación para la movilidad humana. En la Región dependemos en gran porcentaje del escenario económico mundial, y en este aspecto no se vislumbran cambios a corto plazo, en la medida que continúe la crisis de la guerra en Ucrania, la situación de vulnerabilidad que vive China y la permanente situación de inestabilidad política y estratégica en Corea, elementos que inciden sobre las cadenas de suministro, generando un efecto inflacionario sobre los precios de los combustibles y ciertas materias primas esenciales.
Los grupos migrantes, especialmente aquellos que se desplazan como consecuencia de la crisis económica, comienzan como migrantes pobres y se encuentran en sus países de destino en una condición de igual pobreza y vulnerabilidad.
Además de la crisis económica y social existente, en los últimos años vemos que ha surgido una peligrosa crisis política que pone en peligro la estabilidad democrática. Situaciones como la de Brasil, con la reacción violenta de los sectores ultraderechistas que fueron capaces de asaltar las sedes de los tres poderes del Estado, demuestran la fragilidad democrática del Brasil. La situación en Perú es también particularmente peligrosa. En dicho país se produce una espiral de enfrentamientos violentos fundamentalmente en las zonas más empobrecidas. Una situación de conflicto en Perú puede traducirse en una nueva oleada de migración de ese país a Chile.
Los antecedentes estadísticos disponibles indican que durante 2022 continuarán los flujos migratorios que se han manifestado antes y durante la pandemia. En este contexto internacional, es posible que la migración venezolana disminuya, en la medida que la situación interna venezolana tenga un respiro, siempre que se concrete la venta de petróleo a EEUU y Europa.
Fuera de estos factores, es fundamental incorporar en cualquier análisis migratorio futuro la creciente crisis ambiental. La migración ambiental es ya una realidad en muchos países del mundo, y en nuestra región los efectos del cambio climático acelerado, será un elemento generador de movilidad humana.
No obstante que el cierre de fronteras, producto de la pandemia en el período 2020-2022, no significó la clausura definitiva de los flujos migratorios, éstos derivaron hacia procedimientos y trayectorias no reguladas, de manera que en el período señalado se incrementaron los inmigrantes ilegales o indocumentados que intentaron llegar a sus países de destino.
Es altamente previsible que, reabiertas las fronteras al flujo de personas y bienes, las corrientes migratorias anteriores a la pandemia, vuelvan a manifestarse con la misma e incluso con mayor intensidad, sin perjuicio de la incidencia de las crisis económicas que afectan a las naciones latinoamericanas.
En nuestro país seguirá presente el ingreso irregular de migrantes, por la frontera particularmente extensa que tenemos, y aunque se fortalezcan las medidas preventivas, eso con la presencia de la FFAA, el ingreso irregular podrá disminuir, pero no desaparecerá. Por ello, que a futuro es fundamental que desde las políticas públicas migratorias se dé solución realista a la regularización migratoria, que permita la incorporación plena de los migrantes a la actividad del país.
El actual escenario migratorio y humanitario en América Latina y el Caribe es una oportunidad para la coordinación regional y subregional y la acción de los organismos internacionales. La presencia de gobiernos progresistas en la región genera mejores posibilidades de diálogo y colaboración en el plano migratorio.
La cuestión migratoria, es un asunto de interés común para la región latinoamericana, no solo desde el punto de vista de la urgencia presente producida por las crisis políticas, socio-económicas y ambientales, sino porque en el futuro es altamente previsible que se repitan escenarios similares de migración forzada, allí donde se combinen dificultades materiales y económicas, crisis socio-políticas y crisis ambientales. Estamos, sin duda, ante un asunto de gran relevancia que abre la posibilidad de soluciones compartidas, desde una perspectiva multilateral y bilateral.
Quienes impulsamos iniciativas ciudadanas y políticas públicas que promuevan y protejan los derechos de los consumidores, no solo no podemos ser ajenos a esta temática, sino que la vemos como parte de nuestra agenda de trabajo.
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Ronald Wilson
Secretario Técnico de las Mesas Temáticas con la Sociedad Civil del Senado de Chile
Asesor de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable (FCCR)