El movimiento de consumidores en el mundo globalmente está representado por la organización Consumers International, que tiene su sede en Londres, está integrada por más de 200 miembros en algo más de 100 países y lleva 60 años de historia en defensa de los derechos de los usuarios. Sin embargo, está acompañada en esta lucha diaria por otras centenares de organizaciones de consumidores en buena parte de los países, que no están integradas en dicha internacional y que globalmente e individualmente han tenido y seguirán tendiendo situaciones de altas y de bajas en su nivel de actividad y en su capacidad de influencia en defensa de los intereses y derechos de los consumidores y usuarios del mundo y en cada uno de los continentes y países. Dicha situación es y ha sido siempre asimétrica en función de las situaciones políticas, sociales y económicas de cada uno de los países del mundo.

Para reflexionar de manera objetiva y autocrítica sobre la situación global de este movimiento de los consumidores quiero señalar en primer lugar, dos aspectos que a mi criterio personal son fundamentales:

El primero de ellos es que hay que superar todo nivel de autocomplacencia sobre nuestra realidad y dejar de creer que todo lo estamos haciendo bien. Hay que aceptar con modestia que tenemos grandes debilidades y deficiencias en buena parte del movimiento de consumidores, salvo excepciones. Y me refiero al hecho de que la mayoría de las organizaciones de consumidores tienen un escaso número de asociados o de miembros que realicen aportaciones económicas a las mismas, lo que provoca una dificultad en el sostenimiento de sus gastos de funcionamiento y que llevan a depender casi exclusivamente de ayudas a la cooperación internacional o de subvenciones económicas de los gobiernos de sus respectivos países.

El segundo de los aspectos que quiero señalar es la gran atomización existente, es decir, hay muchas organizaciones en cada país, pero aisladamente son débiles. No están unidas y aún no hemos sido capaces de establecer coordinadoras, federaciones o confederaciones en cada uno de los países para ser más fuertes y enfrentarnos mejor y con más eficacia a los problemas que sufren los consumidores provocados por los abusos de los productores y distribuidores de bienes y servicios y de la desidia de los gobiernos.

Valoración de una experiencia solidaria y de sus resultados

Para ilustrar más claramente estas primeras reflexiones, creo conveniente poner el ejemplo que ha desarrollado durante el periodo 1996-2016, en el ámbito de la cooperación y solidaridad internacional, la organización FACUA-Consumidores en Acción y la Fundación FACUA de España. A través de ayudas económicas de varios cientos de miles de euros se financiaban proyectos que un buen número de organizaciones de defensa de los consumidores latinoamericanas nos presentaban para ser desarrollados en sus respectivos países. Todo esto se explica en el texto Lacooperación internacional de FACUA y de la Fundación FACUA en América Latina y el Caribe que se puede leer y descargar en el apartado de los documentos contenidos en este blog y en el que se presenta de manera detallada los 93 proyectos que se desarrollaron en los 18 países siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Muchos de ellos con el apoyo complementario de instituciones de distintas comunidades autónomas, ayuntamientos y otras entidades españolas (https://consumoyciudadania.org/wp-content/uploads/2020/05/Cooperación-Internacional-FACUA.pdf).

Tras este largo periodo de apoyo y valorando los resultados alcanzados, la dirección de la Fundación FACUA llegó en 2016 a la conclusión de que la inmensa mayor parte de las ayudas económicas que habíamos enviado en estos cerca de veinte años, si bien sirvieron para desarrollar un buen número de programas o proyectos que sin lugar a dudas fueron importantes y útiles para sus destinatarios, la realidad es que se ha comprobado en el transcurso del tiempo que dichas ayudas no han servido para fortalecer la institucionalización organizativa de las citadas organizaciones ni para fomentar su afiliación o membresía o su capacidad de aumentar sus niveles de autofinanciación.

Por todo ello y con todo el respeto y admiración al movimiento de defensa de los consumidores de dicho continente, la dirección de la Fundación FACUA adoptó el acuerdo de dar un cambio a sus criterios para financiar proyectos de cooperación en América Latina y el Caribe. Así, a partir de 2017 pusimos en marcha un programa para fortalecer a las propias estructuras organizativas y sus capacidades para ampliar su número de asociados. Un proyecto que contribuyera al fortalecimiento de la sociedad civil en los distintos países de América Latina y el Caribe.

Este resultado es comparable también con lo que ocurre en otros continentes y también en España y en Europa, donde la atomización del movimiento de consumidores en muy grande y la debilidad de muchas de las organizaciones les hace depender casi exclusivamente de las ayudas y subvenciones de los gobiernos de sus países para poder subsistir. Y en muchos casos desaparecen si no reciben dichas ayudas o prácticamente dejan de funcionar, porque no se preocupan suficientemente de fomentar la afiliación o aumento de la membresía y por tanto no logran ingresos propios a través de cuotas o aportaciones económicas periódicas de los asociados.

Las organizaciones tenemos que optar por el modelo más sostenible

El conjunto de las cientos de organizaciones de defensa de los consumidores que funcionamos en los distintos países del mundo hemos ido adoptando formas de organización y denominaciones muy diversas, como comités, foros, fundaciones, asociaciones, organizaciones, etc. Además de que cada una de ellas se ha podido especializar o dedicar más concretamente a unas actividades u otras, como la de realizar estudios comparativos o test, realizar actividades formativas, defender temas relacionados con la alimentación, potenciar la atención de consultas y denuncias o reclamos de los consumidores, presentar demandas ante los tribunales, etc. Al igual que realizar publicaciones, disponer de sitios en internet, tener en sedes sociales o participar en redes sociales, por señalar algunas de ellas.

No obstante y al margen de todo lo indicado, en el fondo y no sólo en la forma, las distintas organizaciones han optado fundamentalmente por dos modelos de organización para intervenir en la defensa de los consumidores y podemos diferenciarlas de manera esquemática de la siguiente forma:

Un primer modelo organizativo que sería, a mi modo de ver, el que funciona en base a un grupo reducido de dirigentes o activistas y que representan modelos más propios de ONG que no tienen casi asociados o membresía que abonen o aporten una cuota periódica para el sostenimiento económico de la organización. Funcionan la mayoría de ellas con ayudas provenientes de la cooperación internacional o algunas ayudas de sus respectivos gobiernos, aunque sabemos que son muy poco los que aportan dichas ayudas y por ello estas organizaciones son poco sostenibles social y financieramente, al no contar con el apoyo de cientos o miles de asociados.

Un segundo modelo, que entiendo más sostenible, sería el que aspire a ser auténticos movimientos organizados de consumidores que cuenten con cientos o miles de asociados o de miembros, que realizando aportaciones económicas o apoyando a la organización también como simpatizantes o adheridos, alcancen verdaderos niveles de sostenibilidad social y financiera. Con este mayor nivel de autofinanciación, logran una mayor influencia social y mediática y un mayor reconocimiento por parte de sus respectivos gobiernos e intervienen con más eficacia contra los abusos del mercado; poniendo como eje principal de su actividad la realización de servicios de consultas y de tramitación de las reclamaciones de los asociados y de los consumidores en general, pero fomentando la intervención y participación de éstos en su propia defensa.

Este último modelo no es incompatible con el derecho a solicitar ayudas económicas a sus respectivos gobiernos para el fomento del funcionamiento de las organizaciones de consumidores o de las agencias de cooperación internacional, o recibir ingresos a través de cuotas extraordinarias a través de los procedimientos que se realizan ante los tribunales de justicia en defensa de los usuarios contra los abusos de las empresas.

Así, el futuro de las distintas organizaciones de consumidores dependerá en gran medida de los hombres y mujeres que hoy asumimos la responsabilidad de formar parte de los equipos de dirección de las mismas en cada país del mundo y del modelo de organización al que aspiremos o defendamos con autocrítica y sin autocomplacencia.

Paco Sánchez Legrán

Presidente de FACUA-Consumidores en Acción y de la Fundación FACUA de España