Introducción 

La protección al consumidor es un principio que en las últimas décadas ha ido configurándose en los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países europeos, de América Latina y el Caribe. Tal protección deriva en muchas ocasiones de un mandato realizado por uniones supranacionales como la Comisión Europea, la cual impone a los estados miembros la necesidad de legislar conforme a unas garantías mínimas. Dicha protección ha alcanzado tal relevancia que forma parte de la carta magna de diversos países. A modo de ejemplo, el artículo 42 de la Constitución de la Nación Argentina, en los artículos 52 a 55 de la Constitución de la República del Ecuador o en el artículo 51 de la Constitución Española. 

La creciente sociedad consumista, motor principal de la mayoría de las economías de los países occidentalizados, junto con el desequilibrio de poder negociador entre el usuario y el profesional, son parte de los elementos que aconsejan tal legislación tuitiva en beneficio de la parte débil del contrato: el consumidor. 

Legislación a razón de la pandemia 

La llegada de una epidemia mundial provocada por el tristemente conocido virus SARS-CoV-2 ha supuesto la necesidad de que muchos estados tengan que establecer límites al ejercicio de diversos derechos de los ciudadanos para evitar un contagio masivo y una pérdida irreparable de vidas humanas. Tales limitaciones han provocado, de facto, la imposibilidad de que muchos consumidores y usuarios puedan obtener la contraprestación esperada del contrato que han suscrito con el profesional correspondiente, que va desde la imposibilidad de realizar un viaje en avión hasta la falta de entrega de un vehículo por la escasez provocada para su elaboración de determinadas piezas necesarias. 

Lo ocurrido en España nos va a servir como claro ejemplo para desarrollar a lo largo del presente texto las repercusiones que tal pandemia ha supuesto en las relaciones contractuales de los consumidores con los prestadores de bienes y servicios. El poder ejecutivo español, junto con el posterior apoyo del poder legislativo, ha tratado de acompasar las mencionadas limitaciones de derechos con la implementación de garantías adicionales que permitan la defensa de los consumidores y usuarios ante la frustración de sus legítimas expectativas contractuales. Sin embargo, la realidad ha demostrado que la mayoría de las medidas supuestamente llevadas a cabo para garantizar los intereses de los ciudadanos en momentos de pandemia han sido formalizadas en normas que materialmente protegen al profesional, exacerbando el desequilibrio originario reinante entre las partes del contrato, a fin de proteger unos intereses mercantiles y con ello una supuesta quiebra del sistema capitalista reinante. 

A todo ello, se le ha unido una deficiencia técnica legislativa que ha ido en aumento cada año en las últimas décadas como consecuencia del dictado de normas en respuesta al clamor popular, obviando toda ciencia jurídica y sin detenerse en estudiar la calidad del texto y sus posibles repercusiones futuras. La celeridad que un supuesto excepcional como la pandemia requiere ha hecho alcanzar tal deficiencia a su máximo exponente, creando normas confusas, con un alto grado de indefinición y con evidentes incoherencias con el resto del ordenamiento jurídico. La consecuencia de ello es un aumento de la inseguridad jurídica insostenible en un Estado de Derecho que se precie. 

Ejemplo práctico 

Usemos la siguiente hipótesis para observar las discrepancias y problemas que tal forma de legislar está conllevando para el consumidor medio: la cancelación de un festival de música por motivos derivados del coronavirus. Si dicha cancelación hubiera acaecido previamente a la existencia de la mencionada pandemia, conforme a la normativa vigente en tal momento, el consumidor dispondría de los siguientes derechos: 

  • Resolución del contrato ante incumplimiento del prestador del servicio al no haber llevado a cabo la celebración del festival, pudiendo solicitar el consumidor tal resolución en un plazo que generalmente alcanza los 5 años. 
  • Restitución íntegra de las cantidades abonadas por la entrada desde el momento de la resolución. 
  • Devengo de intereses en caso de demora en la restitución de tales cantidades. 

Dichos derechos resultan sin perjuicio de la evidente potestad de la que dispone el consumidor y el profesional para poder alcanzar otra solución que satisfaga a ambas partes. De este modo, una cancelación de un evento multitudinario podría conllevar el desembolso de grandes cantidades económicas por parte de la empresa en un corto espacio de tiempo, lo cual podría materializar una inversión en la capacidad negociadora del consumidor, otorgando a éstos un mayor margen de negociación con el que conseguir un pacto con mejores condiciones. Cualquier lector atento podrá advertir que la normativa ya ofrecía soluciones justas y coherentes ante el incumplimiento del profesional. 

Sin embargo, tras la expansión de la pandemia, el legislador español ha considerado necesario publicar normativas a fin de tratar de solventar los supuestos problemas que podrían surgir ante los múltiples incumplimientos que los usuarios están sufriendo en sus contratos por parte del profesional. Algunas de dichas normas incluso se han dictado bajo el título «medidas de protección de consumidores«. Pese a ello, lo cierto es que con la nueva normativa los derechos de los consumidores del ejemplo referenciado se modifican de la siguiente manera: 

  • Solicitud de resolución contractual en un plazo de 14 días. 
  • Obligación de tratar de alcanzar un acuerdo entre las partes durante un plazo de 60 días, durante los cuales el consumidor no puede exigir la devolución de las cantidades. 
  • Transcurridos los 60 días,el empresario dispone de otro plazo de 14 días para devolver las cantidades al consumidor. Cantidades a las que podrá deducir los gastos en los que el empresario haya incurrido. 

Como puede observarse, de forma contraria a lo anunciado, el consumidor ha visto limitados sus derechos acortándose el plazo para exigir la resolución, debiendo esperar cerca de tres meses para obtener la devolución de un importe que habían abonado para una prestación que no han recibido y pudiendo recibir además unas cantidades inferiores a las que inicialmente abonó. El profesional, por consiguiente, va a poder disfrutar durante casi tres meses de una liquidez que no le corresponde, apropiándose de la rentabilidad de las cantidades retenidas. Además, el empresario no tendrá porqué devolver la cantidad íntegra, sino que podrá deducir aquellos gastos en los que haya incurrido.  

En este sentido, la imprecisión e indefinición de la norma podría sugerir una interpretación que defienda el hecho de que el profesional pueda deducir absolutamente todos los gastos de la actividad mercantil que estaban ligados de una forma u otra a la propia celebración del festival (abonos de proveedores, gastos de montaje de escenarios, gastos administrativos, bancarios, etcétera). Con dicha interpretación el único que afrontaría las pérdidas y perjuicios sería el consumidor, asumiendo una carga que única y exclusivamente le debería corresponder a aquel que asume los riesgos inherentes a cualquier actividad empresarial, mientras que a lo único que se enfrenta el profesional es a la no obtención de los beneficios que la celebración del festival le hubieran supuesto. 

Conclusiones 

Como no podía esperarse de otra manera, la pandemia ha hecho reaccionar al poder ejecutivo y legislativo para tratar de adaptar una situación excepcional y novedosa a la realidad social. Sin embargo, lejos de ofrecer herramientas que agilicen y faciliten el ejercicio de los derechos que ya habían sido reconocidos para los consumidores, han modificado en su perjuicio tales derechos de raíz. Todavía falta por conocer la reacción que ello provocará en el poder judicial, el cual se encontrará excesivamente limitado para tratar de devolver un necesario equilibrio en beneficio del usuario al deberse, como no puede ser de otro modo, al cumplimiento de la ley.  

Como ya ocurrió en la crisis económica iniciada en el 2007, la actual crisis económico-sanitaria vuelve a poner de relieve, bajo mi opinión, la respuesta de los poderes para consolidar y perpetuar un sistema capitalista que trata al consumidor como el menor de los engranajes, pretendiendo en última instancia la salvaguarda de los intereses empresariales frente a las necesidades de la gran masa social. 

Lo expuesto implica que todos aquellos que formamos parte del tejido social sigamos exigiendo, desde nuestros respectivos ámbitos de actuación, la implantación de medidas tendentes a asegurar una defensa íntegra de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios que parten de una evidente posición de desventaja frente al profesional que cuenta con más recursos económicos para imponer sus condiciones. Se han de promulgar normas tuitivas que sean válidas tanto en situaciones ordinarias y extraordinarias, sirviéndonos el presente a modo de enseñanza para conseguir dicho fin.  

Además, hemos de hacer un esfuerzo para evitar caer en movimientos que exigen modificaciones normativas en base a hechos puntuales (la mayoría graves) basados únicamente en efímeros sentimientos. Es necesario exigir, con el necesario sosiego, que todo acto legislativo se base en evidencias científicas que avalen la consecución del fin pretendido, desterrando toda deficiencia que aboque a la ciudadanía a situaciones tanto de injusticia como de inseguridad jurídica. 

 

Alejandro García López 

Miembro del Departamento jurídico de FACUA 

Licenciado en Derecho – Abogado