El derecho a la libre información, a recibir información veraz por cualquier medio de difusión, debe ser uno de los derechos básicos que se encuentren garantizados, al menos en teoría, en todo Estado democrático de Derecho.
Así, en el caso de España, la Constitución de 1978 recoge en su artículo 20 como derechos fundamentales expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones; la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; libertad de cátedra; y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión; no pudiéndose restringir estos derechos mediante ningún tipo de censura previa.
Sin embargo, cabe preguntarse cómo puede garantizarse el derecho a recibir una información libre y veraz cuando los medios de comunicación que se encargan de hacer llegar la información a la ciudadanía de a pie, o bien pertenecen a grupos empresariales privados con claros intereses economicistas, o bien son medios de titularidad pública cuyos consejos de dirección se modifican cuando cambia la tendencia ideológica del gobernante en las urnas.
En España, es fácil localizar ejemplos de lo aquí señalado. Por un lado, en lo que respecta a la televisión privada de acceso público, casi la totalidad de las cadenas de acceso “gratuito” (el consumidor no abona importe alguno por su visionado, pero es bombardeado constantemente por publicidad comercial de diferente tipo) pertenecen dos grandes grupos empresariales, ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. y GRUPO MEDIASET ESPAÑA. Lógicamente, esto implica que la línea editorial de ambos grupos estará presente (de forma más o menos clara) en todas aquellas cadenas de televisión que gestionan.
Una muestra de lo indicado lo hemos podido encontrar en la campaña electoral de las últimas elecciones generales al Gobierno central de España, donde uno de los candidatos, D. Alberto Núñez Feijóo, sólo admitió debatir con su principal adversario político en una de las cadenas del grupo ATRESMEDIA. Cabe pensar que tal decisión vino motivada precisamente por la línea editorial de dicho grupo editorial. Pues, si esto no fuera así, nada le habría impedido acudir a otros debates realizados en otras cadenas televisivas, tal y como hicieron el resto de candidatos a la presidencia del Gobierno. Seguro que todos podremos coincidir que, con independencia del país en que nos encontremos, pocas cosas atraen más a un político profesional que abarcar la atención de los medios de comunicación para poder exponer su mensaje.
Otro ejemplo reciente también lo encontramos en el grupo MEDIASET, donde se procedió a eliminar de su parrilla los programas SÁLVAME y SÁLVAME DELUXE. Casualmente, la eliminación de estos programas, a pesar de ser líderes de audiencia en su franjas horarias respectivas, se llevó a cabo cuando cambió parte de la dirección de este grupo empresarial y, casualmente, después de que su presentador (D. Jorge Javier Vázquez) públicamente hubiera realizado en alguna ocasión declaraciones que, generalmente, suelen vincularse a una facción ideológica concreta. Y por seguir sumando casualidades, este cambio se llevó a cabo cuando se aproximaba la fecha de las próximas elecciones generales al gobierno central del país.
Y si alguna duda quedara de que esta decisión empresarial pudiera haber sido única y estrictamente por criterios económicos, podemos señalar que, a fecha de redacción de estas palabras, la principal cadena de MEDIASET, Tele Cinco (donde se retransmitían estos programas), ha tenido una caída de audiencia considerable, indicándose por otros medios de comunicación que el programa que sustituye a SÁLVAME en la misma franja horaria ha llegado a tener hasta un millón menos de espectadores que su antecesor. En cualquier caso, parece innegable que si los motivos de este cambio fueron estrictamente económicos, no fue una decisión muy acertada, o al menos no a corto plazo.
Por otro lado, en lo que respecta a los medios públicos de comunicación y, más concretamente, a la principal cadena de televisión, Televisión Española, la normativa que regula la elección de su Consejo de Administración ha sido modificada por parte de los últimos gobiernos, lo que denota una clara intencionalidad (más de unos grupos políticos que de otros, todo hay que decirlo) de intentar controlar o, al menos influir, en la línea editorial de este medio de comunicación.
Y cuando todo parecía indicar que la popularización de las nuevas tecnologías y, concretamente, la implantación del uso de las redes sociales podía colaborar a una mayor pluralidad informativa, la realidad que nos encontramos es que igual que las redes sociales pueden ser un instrumento de utilidad divulgativa para el informador serio y riguroso, también tienen la misma utilidad para aquellos que emiten informaciones sesgadas, manipuladas o, en ocasiones, directamente falsas.
Un ejemplo reciente de difusión de información falsa a través de redes sociales ha sido vincular el logotipo de la entidad Rainforest Alliance que aparece en algunos alimentos, al hecho incierto de que dicho alimento había sido producido con harina de insectos. Parece que en este caso se intentó viralizar esta idea con la intención de atacar posibles políticas/comportamientos empresariales dirigidos (aunque sea parcialmente) a conseguir un consumo más sostenible.
La pregunta que se nos plantea ante esta realidad es ¿cómo puede el consumidor medio de los medios de comunicación discernir cuándo se encuentra ante una información real, cuándo ante una opinión, y cuándo ante un claro caso de “bulo” o desinformación? Lamentablemente, no es fácil encontrar una respuesta. Parece que el consumidor tendrá que hacer el esfuerzo titánico de intentar labrarse una idea cierta de la realidad actual acudiendo a unos y otros medios, teniendo que poner en tela de juicio en muchas ocasiones si la información que se le está trasladando es veraz y, consecuentemente, si las conclusiones e ideas a las que le ha llevado dicha información son correctas, incorrectas, o matizables.
Si de verdad consideramos que el derecho a recibir una información veraz es un derecho básico que debe imperar en todo Estado democrático, es preciso que se trabaje en la línea de conseguir medios de comunicación que realmente puedan garantizar la transmisión de una información objetiva o, al menos, que el consumidor tenga mayor facilidad de poder determinar cuándo se encuentra ante información, cuándo ante opinión, y cuando la información que está recibiendo no tiene la garantía de que haya sido contrastada con la diligencia debida.
Parece que la tarea no es nada fácil, pues ¿cómo lograr este propósito sin incurrir en políticas de censura, sin que la excusa de garantizar una información veraz y segura al ciudadano termine traduciéndose en que la única información que se traslade sea la que vele por los intereses de quien ocupe las instituciones públicas?
Sinceramente, el autor de estas líneas no posee la respuesta. La intención de este breve texto es, únicamente, intentar hacer reflexionar al consumidor sobre la necesidad de ejercer un criterio crítico sobre toda información que reciba, aunque esto suponga una ardua tarea imposible de lograr en muchas ocasiones, pues el desgaste mental que ello implica no puede ser soportado de forma reiterada por ningún ser humano.
Quizás la solución pase por lograr unos medios de comunicación de titularidad pública cuyos consejos de administración sean totalmente imparciales, gobierne quién gobierne, primando en tales medios la objetividad y veracidad de lo que se transmite frente a otros elementos, y que dicho medio de comunicación conviva con otros medios privados con unos intereses económicos y editoriales propios, de forma que el consumidor sepa qué va a obtener si acude a uno u otro medio, debiendo ser suya la elección.
Pero claro, esto sería esperar que los políticos de un Estado antepusieran la vocación pública y los intereses ciudadanos al posible rédito electoral que pueden obtener de los medios de comunicación públicos. Puede que esta opción sea una utopía. Pero quién sabe, cosas más raras se han visto. El futuro, como suele decirse, es incierto.
Miguel Ángel Serrano Ruiz
Secretario de la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible
Vicepresidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción-FACUA
Doctor en Derecho
Máster Derecho Patrimonial Privado en el Mercado Global
Licenciado en Derecho
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